SEÑAL NEGATIVA
La Argentina registró un retroceso en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) correspondiente a 2025, elaborado por Transparency International, al descender del puesto 99 al 104 en el ranking global que evalúa a 182 países.
En el segundo año de mandato del presidente Javier Milei, el país obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100, un punto menos que en 2024, consolidando una trayectoria de caída que se mantiene desde 2019. El indicador mide el nivel de corrupción percibida en el sector público a partir de la opinión de expertos y empresarios.
Con ese puntaje, Argentina comparte el puesto 104 junto a Belice y Ucrania, y queda por detrás de países como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana, lo que profundiza su rezago en materia de transparencia institucional y calidad del sector público.
El IPC es considerado el principal indicador global en materia de corrupción, ya que combina al menos tres fuentes de datos provenientes de 13 encuestas y evaluaciones internacionales, elaboradas por instituciones de prestigio como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. La metodología busca capturar la percepción sobre prácticas vinculadas a la gestión estatal, la integridad pública y los riesgos institucionales.
A nivel global, el promedio mundial cayó a un nuevo mínimo de 42 puntos, mientras que más de dos tercios de los países obtuvieron menos de 50, lo que evidencia un deterioro estructural en los estándares de gobernanza pública.
El informe advierte que la corrupción tiene impactos concretos en el desarrollo: genera hospitales con financiación insuficiente, infraestructura crítica sin ejecutar, como defensas contra inundaciones, y deteriora las oportunidades para las nuevas generaciones.
Según Transparency International, la corrupción puede manifestarse tanto en delitos explícitos —como soborno, extorsión y malversación de fondos— como en prácticas cuestionables, a veces legales, entre ellas el nepotismo, clientelismo y favoritismo, que afectan la equidad institucional y la confianza pública.
El retroceso en el ranking reabre el debate sobre la calidad institucional argentina, la eficacia de los mecanismos de control y el impacto que la percepción internacional puede tener en la inversión extranjera, el riesgo país y la reputación macroeconómica.
