La diputada provincial Amalia Granata nombró a su esposo, Leonardo Squarzon, como asesor en la Legislatura de Santa Fe, y la decisión no pasó desapercibida. El gesto despertó polémica por la relación personal entre ambos y la falta de claridad sobre las tareas que él desempeñará.
Granata explicó que enfrenta una situación de aislamiento político tras la salida de integrantes de su bloque, lo que la llevó a buscar una figura de máxima confianza para acompañarla. Según argumentó, la elección de Squarzon responde a esa necesidad, aunque él continuará con sus actividades privadas.

La medida generó fuertes críticas por la posible existencia de conflictos de interés y la ausencia de criterios transparentes en la designación. El caso abrió un nuevo debate sobre la ética en la función pública y la importancia de contar con mecanismos que garanticen imparcialidad y profesionalismo en los cargos legislativos.



