CRISIS POLÍTICA
El presidente boliviano, Rodrigo Paz, decretó este sábado el estado de excepción por 90 días, autorizando el despliegue de fuerzas militares y policiales para liberar las carreteras del país. La medida busca poner fin a una parálisis de siete semanas que ha provocado pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares y una crisis sanitaria, mayoritariamente por falta de atención médica.
El mandatario justificó la decisión señalando que los bloqueos, liderados por grupos indígenas y cocaleros, forman parte de un “intento de golpe de Estado” vinculado al “narcoterrorismo”, con el expresidente Evo Morales como principal instigador desde su refugio en el Chapare. Pese a que el Gobierno logró un acuerdo parcial con la Central Obrera Boliviana (COB), sectores radicales como la Federación Túpac Katari y bases cocaleras rechazaron la tregua, manteniendo más de 40 cortes de ruta como medida de presión para exigir la renuncia de Paz.
La intervención, que comenzó en puntos estratégicos como El Alto y Cochabamba, ha sido recibida con alivio por sectores urbanos afectados por el desabastecimiento de combustible y alimentos. En contraste, los manifestantes denuncian una creciente militarización y advierten que la medida es una herramienta de intimidación. Mientras el Ejecutivo reitera que se aplicará “todo el peso de la ley”, la crisis política se mantiene en un punto muerto, a la espera de que el Legislativo se pronuncie sobre el decreto presidencial en las próximas 72 horas.
