El ingreso de una alumna armada a una escuela de La Paz, que permaneció atrincherada durante más de cinco horas y efectuó disparos dentro del establecimiento, activó por primera vez en la provincia el protocolo escolar de emergencias. El episodio expuso la fragilidad de las herramientas existentes y forzó al Gobierno a replantear el marco normativo vigente.
A partir de este hecho, la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció que en menos de dos semanas presentará una reforma al Código Contravencional. La modificación incorporará la responsabilidad parental frente a episodios de violencia escolar, incluidos tanto los casos de bullying como las conductas graves dentro y fuera del ámbito educativo.
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, sostuvo que el caso marcó un antes y un después en el sistema: “No alcanza con los protocolos actuales. Necesitamos que las familias asuman un rol activo porque la primera educadora es la familia”, subrayó.

La iniciativa forma parte de un paquete más amplio que incluye capacitaciones obligatorias para docentes, instancias de prevención y abordajes interdisciplinarios. Según detalló la jefa de Gabinete de la DGE, Daniela García, el plan se viene diseñando desde hace meses con aportes de psicólogos, psiquiatras, abogados y especialistas en educación.


