APERTURA
Javier Milei cerró la semana con una agenda cargada y con la reforma laboral como eje central de su estrategia política y económica. En paralelo, el Gobierno celebró la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que prevé la eliminación del 90% de los aranceles comerciales entre ambos bloques. Sin embargo, el entendimiento se concreta en un contexto crítico para la industria argentina, el sector más afectado por la política económica libertaria.
El acuerdo genera resistencias en ambos lados del Atlántico. En Europa, los productores agropecuarios lideran las objeciones, mientras que en el Mercosur la mayor preocupación proviene del sector industrial. En el caso argentino, la apertura comercial se da en medio de una fuerte recesión manufacturera, lo que incrementa el riesgo de pérdida de competitividad frente a economías europeas altamente desarrolladas.
La industria atraviesa su peor momento del año, con caídas sostenidas de la producción y un impacto directo sobre el empleo. El retroceso industrial se profundizó a lo largo de todo el período reciente, consolidando una tendencia negativa que afecta especialmente a ramas como la textil, metalúrgica y manufacturera, mientras que solo el sector de alimentos y bebidas logró sostener niveles relativamente estables.
A este escenario se suma un déficit comercial estructural con la Unión Europea, impulsado por el fuerte desbalance en el intercambio con Alemania, uno de los principales promotores del acuerdo. La eliminación de aranceles amenaza con ampliar ese déficit, en detrimento del entramado productivo local.
En materia laboral, el impacto del modelo económico ya se refleja en la pérdida de más de 270.000 empleos registrados, concentrados principalmente en la industria y la construcción. En términos sectoriales, la construcción acumula una caída superior al 15%, mientras que la industria supera el 4%, explicando buena parte del derrumbe del empleo formal.
Pese a este contexto, el Gobierno impulsa con fuerza la reforma laboral, que propone una flexibilización profunda de las condiciones de trabajo y un recorte de derechos adquiridos. El oficialismo sostiene que la reducción de las obligaciones patronales fomentará la creación de empleo, aunque especialistas advierten que, en un escenario recesivo, estas medidas tienden a incrementar la precarización y acelerar la destrucción de puestos de trabajo.
Para lograr su aprobación, la Casa Rosada busca el respaldo de los gobernadores, ofreciendo como moneda de cambio la eliminación del capítulo de Ganancias, que afecta los recursos provinciales. Esta concesión podría destrabar el tratamiento del proyecto en el Senado, aunque abre tensiones fiscales y políticas.
Las resistencias no provienen solo del movimiento sindical. Sectores empresariales clave, como las cámaras de comercio y la industria metalúrgica, expresaron su rechazo a distintos puntos de la reforma, especialmente aquellos que afectan mecanismos de financiamiento y representación sectorial. Al mismo tiempo, la CGT atraviesa una interna, con posiciones enfrentadas entre quienes impulsan medidas de fuerza y quienes apuestan al diálogo.
