GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Este viernes, en la escuela 1-145 Dr. Emilio Jofré, de Luján de Cuyo, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, firmó un nuevo convenio con el intendente Esteban Allasino para dar continuidad a las tareas de infraestructura escolar en el departamento.
El acuerdo establece los lineamientos para la utilización de los fondos de coparticipación municipal que, según el artículo 54 de la ley de presupuesto de Mendoza, deben destinarse a educación. La rúbrica formaliza el esquema de aplicación de recursos y define responsabilidades operativas entre las partes.
Según se informó, el convenio contempla la ejecución de obras de construcción, refacción y mantenimiento, además de la compra de insumos y equipamiento, la contratación de personal especializado, el fortalecimiento de programas educativos, inversiones en infraestructura edilicia y tecnológica, y acciones vinculadas a la primera infancia y la reducción de la brecha socioeducativa.
En el caso de Luján de Cuyo, el intendente detalló que entre los principales objetivos se encuentra el desarrollo de un CEPI, la construcción de un jardín de infantes para sala de 3 en Perdriel y la búsqueda de un espacio en Vertientes del Pedemonte para avanzar en un complejo educativo.
Tras la firma, el titular de la cartera educativa recorrió el avance del playón deportivo en la escuela Jofré y visitó el Jardín 0-047 Hojitas de Malbec, donde se ejecutan tareas de pintura y reparación en el marco del programa de voluntariado ColaborArte.
Durante la semana, el ministro también visitó los departamentos de San Martín, Maipú, San Rafael, Santa Rosa y La Paz para acompañar obras en distintos establecimientos educativos.
La Paz firmó por primera vez
En el caso de La Paz, el jueves se concretó por primera vez un convenio de estas características entre la Dirección General de Escuelas y el municipio. El acuerdo garantiza la continuidad de intervenciones en instituciones del este provincial bajo el mismo esquema financiero.
Desde el punto de vista político-administrativo, se trata de un convenio de coordinación financiera: la Provincia regula, controla y fija lineamientos generales, mientras que el municipio ejecuta las obras, contrata servicios y asume los riesgos operativos. No implica una transferencia de responsabilidad institucional, sino un modelo de ejecución descentralizada con control provincial.
