INVESTIGACIÓN EN CURSO
La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en los últimos días nuevos elementos que podrían ampliar el alcance de la causa. La declaración de un testigo de identidad reservada se convirtió en una pieza central para el avance judicial.
A partir de ese testimonio, el juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento de 19 personas, entre ellas el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y el lobista Miguel Calvete, señalados como actores clave dentro de la estructura investigada.
El aporte del testigo también permitió profundizar sobre una serie de transacciones sospechosas, en una línea investigativa encabezada por el fiscal Franco Picardi. Según la Justicia, el esquema de sobornos y fraude podría no limitarse a los hechos ya detectados, sino extenderse a otros delitos y nuevos responsables.
En este contexto, la fiscalía analiza el rol de distintas ortopedias proveedoras de insumos a la ANDIS, a partir de información recolectada en allanamientos recientes. Las sospechas apuntan a que Calvete habría operado no solo como gestor, sino como un intermediario clave entre empresas y el organismo estatal.
Las escuchas telefónicas incorporadas al expediente sugieren que el lobista garantizaba pagos desde el organismo a cambio de retornos económicos por parte de las empresas. Esta hipótesis se encuentra ahora bajo profundización judicial.
En paralelo, avanzan las medidas vinculadas al presunto lavado de dinero. El juez ordenó la indagatoria de supuestos lavadores, mientras intervienen el Ministerio Público Fiscal y la Procelac, en un intento por reconstruir el circuito financiero del dinero.
Otro foco relevante está puesto sobre la Droguería Suizo Argentina y la familia Kovalivker, aunque hasta el momento no han sido procesados. La Justicia mantiene especial interés en sus comunicaciones corporativas, pero enfrenta obstáculos técnicos que ralentizan la investigación.
Entre las principales dificultades aparecen un teléfono sin contenido entregado por Jonathan Kovalivker, un celular bloqueado perteneciente a Emmanuel Kovalivker que aún no pudo ser peritado, y la denominada “ruta de Estados Unidos”, debido a la necesidad de requerir información a proveedores internacionales ante la negativa de la empresa de aportar claves, un proceso que suele demorar meses.
La causa también exhibe derivaciones en el plano político. Un audio de Pablo Atchabahian dirigido a Calvete reveló una presunta red de influencias y alineamientos internos, donde se menciona a un “Helvético”, identificado como Sebastián Nuner Uner, ejecutivo de la firma investigada.
En ese mensaje, se alude a la necesidad de “alinear jugadores” y se hace referencia a “Rioja”, apodo que los investigadores vinculan con Eduardo “Lule” Menem, lo que deja al descubierto tensiones dentro de sectores cercanos al poder central.
A partir de esta semana, la causa quedará bajo la órbita del juez Ariel Lijo, quien deberá definir si mantiene la investigación delegada en la fiscalía o la asume directamente. Además, tendrá que avanzar con la orden de la Cámara Federal para determinar si existió una eventual manipulación de audios que forman parte del origen del expediente.
Este punto podría resultar determinante: de comprobarse irregularidades en esas pruebas, no se descarta una posible nulidad de la causa, lo que abriría un nuevo escenario judicial en uno de los casos más sensibles del momento.
