REFORMA JUDICIAL
El Gobierno avanzó en la recta final de la reforma integral del Código Penal, un proyecto que aspira a actualizar un texto vigente desde 1921 y que, según remarcan en la Casa Rosada, apunta a dar “mayor dinamismo” al sistema judicial y reducir las arbitrariedades en las decisiones de los tribunales.
El borrador, que supera los 900 artículos, concentra cambios en delitos considerados de alta gravedad, como homicidios, robos agravados, narcotráfico, trata de personas y explotación sexual infantil. También prevé una actualización de penas y un esquema que obliga a cumplir de manera efectiva un porcentaje mayor de las condenas.
La intención del Ejecutivo es que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias de diciembre, con continuidad en febrero. El oficialismo se muestra confiado en que la nueva composición legislativa, donde logró consolidarse como primera minoría, facilitará el avance de la iniciativa.
Entre los puntos destacados figura un endurecimiento de las penas vinculadas a violencia de género, con la incorporación de nuevas figuras como el ciberacoso y la difusión no consentida de imágenes íntimas. Aunque se evaluó modificar la figura de femicidio, finalmente quedó descartado para evitar que el debate se trabe en el Congreso. También se analiza agravar sanciones para delitos cometidos por funcionarios públicos, con pérdida de beneficios previsionales.
En paralelo, el Poder Ejecutivo estudia la posibilidad de crear una comisión bicameral para acelerar el análisis del proyecto y unificar criterios, aunque existen sectores que dudan de su eficacia y temen que retrase el tratamiento. De todas formas, en el oficialismo sostienen que el panorama legislativo es ahora más favorable y que la reforma será uno de los ejes centrales del nuevo período político.
