El Gobierno nacional definió que solo autorizará el refinanciamiento de la deuda que la provincia de Buenos Aires ya tiene emitida, sin habilitar nuevo endeudamiento. La decisión se tomó luego de que la Legislatura bonaerense aprobara un pedido para acceder a financiamiento por más de USD 3.600 millones, que incluía emisión de Letras y nuevos créditos.
Desde Nación remarcaron que la postura se basa en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que impide avalar deudas adicionales si una jurisdicción mantiene déficit o si su gasto crece por encima de la inflación. La administración central considera que la provincia no estaría cumpliendo estas condiciones.

El Ejecutivo nacional solo ve con buenos ojos que la gestión provincial pueda rollover sus pasivos, es decir, renovar vencimientos, siempre que eso implique mejores tasas y no un incremento del stock total. La idea oficial es ordenar las cuentas y evitar que las provincias tomen deuda para financiar gastos corrientes.
En la administración bonaerense insisten en que la solicitud aprobada por la Legislatura está orientada únicamente a refinanciar obligaciones ya existentes, sin tomar compromisos nuevos. Sin embargo, desde el Gobierno nacional marcaron diferencias y anticiparon que aplicarán controles estrictos para verificar cada operación.
La discusión se da mientras Nación impulsa que todas las provincias adhieran a un compromiso público para no pedir autorizaciones de deuda si mantienen déficit primario, salvo para renovaciones o casos donde el riesgo financiero sea menor que el del propio Estado nacional. La relación política entre ambas administraciones sigue siendo tensa, y contrasta con la reciente autorización para que otros distritos del país pudieran endeudarse sin mayores objeciones.



