El Gobierno nacional le respondió a los rectores, docentes y estudiantes que se movilizaron para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Educativo y calificó a la cuarta Marcha Federal Universitaria de “opositora”, al mismo tiempo en que desmintió las acusaciones por falta de pago.
A través de un comunicado firmado por La Libertad Avanza (LLA), la administración de Javier Milei sostuvo que pretenden “instalar” en la sociedad un discurso de dos alternativas: "desfinanciar" las universidades públicas o bien "cerrarlas”.
“El Gobierno ha cumplido con sus obligaciones y transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso, en el Presupuesto 2026 la partida destinada creció y pasó a 4.8 billones de pesos”, señalaron.
Por otra parte, recordaron que durante el mandato del expresidente Alberto Fernández se les transferían los fondos a las universidades "hasta con cuatro meses de atraso", y con una inflación del "211,4% anual”: "Esos pagos ahora se realizan de forma mensual y con una inflación anual del 31,5%”, añadieron.
“La Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629, dado que los responsables de su sanción no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento, debido a que su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos”.
Por último, subrayaron que el presidente y su equipo no van a salirse del compromiso "inquebrantable" de sostener el equilibrio fiscal y rechazaron cualquier cambio en el presupuesto, porque eso "implicaría más impuestos" o mayor "emisión monetaria" y, por consiguiente, generaría "más inflación y pobreza”.

