El Gobierno Nacional activó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) mediante la Resolución 1198/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Caputo. El plan contempla la contratación de un banco estatal que realizará la valuación del paquete accionario y la concreción de la venta en los mercados de capitales dentro de los próximos ocho meses.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de llevar adelante el proceso a través de su Unidad Ejecutora Especial Temporaria, mientras que la Secretaría de Obras Públicas deberá elaborar la documentación técnica y contractual, incluyendo el contrato de concesión.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que el Estado no logró garantizar eficiencia en la gestión de AySA, por lo que se busca trasladar la operación al sector privado para asegurar la inversión en infraestructura que la compañía requiere.
En cuanto al 10% del capital accionario, se informó que seguirá en manos de los trabajadores dentro del programa de propiedad participada ya vigente.
La decisión generó repercusiones en el ámbito político: diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto para rechazar los decretos 493/2025 y 494/2025, con los que el Ejecutivo inició la privatización de la empresa.



