REFORMAS
El Gobierno nacional giró al Congreso un proyecto que propone avanzar con una fuerte depuración del marco normativo vigente. Bajo el nombre de “Ley de Hojarascas”, la iniciativa busca eliminar decenas de disposiciones que, según el Ejecutivo, ya no tienen utilidad o entran en conflicto con el orden jurídico actual.
La propuesta, motorizada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, retoma un intento previo que no prosperó en 2024. En esta nueva etapa, se amplió el relevamiento de leyes para detectar regulaciones que quedaron desfasadas frente a los cambios económicos, tecnológicos y sociales.
El texto oficial establece distintos criterios para justificar las derogaciones. Entre ellos aparecen normas reemplazadas por otras más recientes, disposiciones que perdieron sentido con el avance tecnológico, regulaciones que implican trabas administrativas y aquellas que, directamente, afectan derechos o resultan incompatibles con la Constitución.
También se incluyen leyes que dieron origen a organismos, fondos o estructuras que dejaron de existir o nunca se pusieron en funcionamiento. Para el Gobierno, este tipo de acumulación normativa no solo complica la gestión estatal, sino que además genera costos innecesarios y limita la actividad económica.
Dentro del listado aparecen ejemplos llamativos, como regulaciones sobre tecnologías ya en desuso, exigencias administrativas sin aplicación real o incluso normas que imponían restricciones hoy consideradas inapropiadas en un sistema democrático.
La iniciativa, además, contempla la eliminación de ciertos privilegios y aportes estatales a entidades específicas, con el objetivo de que se financien de manera independiente. Desde el Ejecutivo remarcan que el eje central es reducir la intervención del Estado y avanzar hacia un esquema más simple, con menos regulaciones y mayor margen para la actividad privada.
