AJUSTE FISCAL
El Gobierno de Mendoza, liderado por Alfredo Cornejo, ha implementado una serie de medidas destinadas a contener el gasto público y asegurar el equilibrio presupuestario para el ejercicio 2025. Estas disposiciones, formalizadas mediante el decreto 2846, fueron publicadas recientemente en el Boletín Oficial.
El decreto, firmado por todos los ministros y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, establece que cualquier nueva contratación de servicios o ampliación de contratos existentes requerirá la aprobación expresa del gobernador y del Ministerio de Hacienda. Esta medida busca restringir nuevas contrataciones y fijar porcentajes para la ejecución del gasto, entre otras disposiciones.
Además, se han impuesto limitaciones en la adquisición de bienes de capital, la firma de convenios con universidades y otras entidades no gubernamentales, y la asignación de teléfonos celulares oficiales dentro de la administración central. Solo el gobernador, ministros, secretarios y directores podrán contar con líneas oficiales, salvo excepciones debidamente justificadas. Aquellos que actualmente posean celulares oficiales sin la debida autorización deberán devolverlos en un plazo de 30 días hábiles, bajo la advertencia de que los costos podrán ser descontados de sus haberes u honorarios.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, se establecen topes del 25% por trimestre sobre el crédito vigente para las erogaciones corrientes y de capital financiadas con rentas generales. Sin embargo, sectores clave como Seguridad, Educación y Salud contarán con autorizaciones especiales que les permitirán disponer de fondos en su totalidad al inicio del ejercicio fiscal, garantizando así la continuidad de servicios esenciales.
El Ministerio de Hacienda, encabezado por Víctor Fayad, tendrá la facultad de modificar los porcentajes de ejecución según la recaudación y podrá tomar medidas adicionales para mantener el equilibrio fiscal, incluyendo la imposición de asignaciones presupuestarias mensuales. Asimismo, se habilita a la Dirección General de Contrataciones Públicas a supervisar los valores de compra y remitir informes al Tribunal de Cuentas en caso de detectar irregularidades en las contrataciones.
Otra disposición relevante del decreto es la incentivación para que los empleados en condiciones de jubilarse inicien sus trámites con anticipación, buscando reducir la carga salarial en el sector público. Las distintas jurisdicciones deberán garantizar el cumplimiento de los procedimientos administrativos y dar curso rápido a las gestiones de retiro.
Finalmente, el decreto invita a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los municipios, a adoptar medidas similares de restricción del gasto. Con estas acciones, el gobierno mendocino busca evitar el desajuste financiero en un contexto económico desafiante, priorizando la sostenibilidad fiscal sin afectar la prestación de servicios esenciales.
Estas medidas se enmarcan en una política provincial que, desde 2017, ha buscado reducir la carga fiscal y fomentar la inversión. Recientemente, el Senado de Mendoza aprobó las Leyes de Avalúo e Impositiva 2025, que incluyen reducciones de alícuotas, una disminución progresiva del Impuesto a los Sellos hasta su eliminación en 2030, y beneficios para contribuyentes al día, entre otras iniciativas.
El ministro Fayad ha enfatizado que "ninguna baja de impuestos puede ir sin una baja del gasto", subrayando la importancia de un manejo responsable de las finanzas públicas para fomentar la inversión y la creación de empleo en la provincia.
Con estas acciones, Mendoza refuerza su compromiso con la sostenibilidad fiscal y la promoción del desarrollo económico, buscando equilibrar la reducción del gasto público con incentivos para la inversión y el crecimiento.
