reacción oficial
El pasado miércoles, la protesta en defensa de la expresidenta Cristina Kirchner en Plaza de Mayo fue leída con indiferencia por el Gobierno Nacional, que minimizó la asistencia a la manifestación y cuestionó la composición de la misma.
Un colaborador cercano al espacio libertario calificó a los referentes del peronismo presentes como “el tren fantasma”, poniendo en duda la relevancia política de la movilización. Mientras la organización oficial estimó una concurrencia cercana al millón de personas, desde los pasillos de Balcarce 50 desestimaron ese número y estimaron que la asistencia no superó las 100 mil personas.
Con tono irónico, funcionarios del Ejecutivo compararon la convocatoria con “una cancha de Huracán”, aludiendo a una cifra entre 40 y 50 mil asistentes. Un alto funcionario reafirmó que la movilización “no rompió los esquemas” previstos por la administración y que “convocaron los mismos de siempre más algunos intendentes”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se expresó sobre el tema, señalando que Cristina Fernández de Kirchner ha perdido capacidad de liderazgo político, y advirtió que el kirchnerismo transita un proceso de decadencia. Bullrich destacó que la marcha transcurrió con total normalidad, bajo la consigna de “democracia sin violencia” impulsada por la propia exmandataria, a la que definió como una victimización de su situación.
Según datos oficiales monitoreados desde el comando unificado con la Ciudad de Buenos Aires, el pico máximo de asistentes fue de 48.000 personas, incluyendo incluso a quienes seguían la marcha desde sus hogares, aseguraron fuentes oficiales.
A pesar de la relativización del número de asistentes, desde el oficialismo libertario evitaron pronunciarse sobre la condena a la ex vicepresidenta y ratificaron que su inhabilitación para ejercer cargos públicos no alterará los planes del espacio La Libertad Avanza (LLA).
En paralelo a estos acontecimientos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, retomó las conferencias de prensa tras casi 20 días de silencio, con el objetivo de reactivar la agenda suspendida luego de la sentencia de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner.
Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a sus principales colaboradores —entre ellos el asesor Santiago Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el referente Eduardo “Lule” Menem— para reajustar el rumbo político ante esta nueva coyuntura, en una reunión coordinada desde el despacho del vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.
