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Escándalo nacional

Espionaje ilegal: El consejero que acusó a Bento en el Jury está en la lista de los afectados

Una investigación federal permitió detectar distintas maniobras de inteligencia sobre ministros de la Corte Suprema, políticos y funcionarios. Entre los numerosos nombres de la lista de afectados aparece Miguel Piedecasas, quien forma parte de la acusación en el caso del juicio político contra el suspendido juez federal.

piedecasas bento

En las últimas horas estalló el caso de una megared de espionaje a nivel nacional y Mendoza no quedó exenta de la lista de los afectados por esta organización. Según la investigación judicial, se revelaron estrechos vínculos entre espías y dirigentes vinculados al ala kirchneristas.

La larga lista de las víctimas incluye al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez; importantes políticos nacionales; periodistas; personas relacionadas a la cultura, deporte y sindicatos; como así también un nombre conocido para la provincia. Uno de los presuntos espiados de esa estricta vigilancia por fuera de la ley es el abogado Miguel Piedecasas, quien forma parte de la Acusación en el caso del juicio político contra Walter Bento.

El suspendido juez federal fue acusado de mal desempeño y mañana conocerá el fallo del Jurado de Enjuiciamiento, a las 12. Si se lo condena, podría terminar en la cárcel por los cinco pedidos de prisión preventiva que dispuso la Justicia de Mendoza.

bento jury
Representan al Órgano acusador, el Presidente de la Comisión de Acusación Miguel Piedecasas, junto a la diputada Roxana Reyes y al senador Eduardo Vischi

Cómo se descubrió la red de espionaje

La pesquisa fue liderada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien la llevó adelante desde hace casi 10. La detención del expolicía Ariel Zanchetta, señalado por la Justicia como agente inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fue la pista que permitió descubrir maniobras de inteligencia, con más de 1.000 informes patrimoniales, sexuales, políticos y empresariales sobre cientos de objetivos. Entre ellos, figuraba Piedecasas.

El espía ex policía 'caminó' a decenas de 'blancos', sacó fotos y obtuvo registros migratorios. En el expediente se reproduce un informe sobre el consejero de la Magistratura, Miguel Piedecasas

Según el fiscal federal, respondía a tres agentes de la AFI, cuyo nombres están transcriptos en el dictamen de Pollicita, pero fueron tachados en la versión pública. Entre los datos que el espía recopilaba, aparecen:

  • Domicilios.
  • Sueldos.
  • Propiedades inmuebles y titularidad de automotores.
  • Participaciones societarias.
  • Teléfonos y correos electrónicos.
  • Situación fiscal, laboral y crediticia registrada.
  • Datos electorales e información sanitaria.

Además, también aparece información de índole personal como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientación sexual, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, y presunta participación en hechos delictivos o en causas penales.

De acuerdo a lo señalado por fuentes judiciales, supuestos sectores del kirchnerismo en la AFI eran quienes encargaban los trabajos realizados por Zanchetta. La investigación reveló contactos e intercambios de mensajes del expolicía con Néstor Fabián”Conu” Rodríguez, uno de los voceros más cercanos a Cristina Kirchner y a La Cámpora, y el diputado nacional Rodolfo Tailhade.

Incluso, Tailhade tuvo su participación en el caso contra Walter Bento, como otro integrante del Consejo de la Magistratura. En tanto, Piedecasas ahora es el Presidente y Tailhade el vice de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.

tailhade
Rodolfo Tailhade, diputado nacional.

En este contexto, ambos manifestaron una postura diferente: el legislador ultraK logró retrasar la causa que yacía sobre Bento, mientras que Piedecasas asumió el rolde fiscal y acusó al magistrado ante el Jury.

Últimas horas antes del fallo

Este miércoles 8 de noviembre se conocerá la sentencia del Jury de Enjuiciamiento, donde Walter Bento está acusado de lavado de dinero, mal desempeño de sus funciones, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica, abuso de autoridad, prevaricato y cohecho. Para lograr la destitución de un juez se necesitan cinco votos de los siete integrantes del jurado y la decisión es inapelable.

Cabe destacar que, si el magistrado es removido de su puesto, tendría que ir a la cárcel debido a los cinco pedidos de prisión preventiva. En tal caso, sobre el modo en que se llevaría a cabo estaría en manos de las juezas del Tribunal Oral Federal Número 2: Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá.

De acuerdo a lo trascendido, podría ser destinado al Complejo Penitenciario Federal Número 6, en Cacheuta, o bien a la cárcel de Ezeiza.

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