FAMILIAS EN PELIGRO
Mediante el Decreto 695/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei ha dado un paso más en la implementación de las reformas que impulsa desde su llegada al poder. La Ley Bases, promulgada hace un mes, ya comenzó a regir en Argentina con importantes modificaciones en el sistema de empleo público, los procesos administrativos y la privatización de empresas estatales.
El decreto incluye la reglamentación del Título II de la Ley Bases, que abarca cerca de 60 artículos. En cuanto a las privatizaciones, el Ejecutivo se prepara para diagramar la venta o concesión de empresas estatales como Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
A partir de ahora, los titulares de cada empresa deberán presentar al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre la propuesta y modalidad de privatización, incluyendo el procedimiento de selección y los plazos estimados para cada etapa del proceso de venta. Una vez aprobado por el Ejecutivo, se avanzará con los procedimientos necesarios y se convocarán ofertas del sector privado.
Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei ha puesto en marcha su “Plan Motosierra” para reducir la planta de personal estatal. A partir de este lunes, el presidente podrá implementar un nuevo sistema de ingreso al Estado y proceder con desvinculaciones, despidos y reubicaciones de trabajadores.
Uno de los puntos más destacados es la implementación de una “Evaluación General de Conocimientos y Competencias”, diseñada y reglamentada por la Autoridad de Aplicación, que será anónima y permitirá identificar a la persona solo una vez calificada. Además, el personal que ingrese al Estado deberá presentar una declaración jurada patrimonial y sus antecedentes laborales, y no se podrá efectuar ninguna designación sin el certificado de aptitud psicofísica correspondiente.
También se establece un régimen de contrataciones por tiempo determinado y designaciones en plantas transitorias. Respecto a la reorganización del Estado, el Ejecutivo no renovará cientos de contratos y pondrá en disponibilidad a aquellos que integran la planta permanente, según una escala basada en la antigüedad del personal en el organismo estatal.
- Hasta 15 años de antigüedad: 6 meses.
- Más de 15 años y hasta 30 años de antigüedad: 9 meses.
- Más de 30 años de antigüedad: 12 meses.
Para el cálculo de la indemnización, se considerarán las retribuciones percibidas hasta el momento del pase a disponibilidad, computando los servicios no simultáneos prestados como personal permanente en la Administración Pública Nacional. Aquellas personas con un sumario administrativo pendiente no podrán cobrar la indemnización hasta que se cierre el expediente.
Además, el Gobierno ha establecido un sistema de puntaje y sanciones para quienes incumplan con sus funciones, detallando los motivos de apercibimientos y aplicación de penas.
