CUENTA REGRESIVA
En una verdadera carrera contra reloj, La Libertad Avanza intensifica las negociaciones con los bloques dialoguistas para asegurar la aprobación de la reforma laboral antes del cierre de las sesiones extraordinarias. El foco del conflicto es el artículo que modifica el sistema de licencias por enfermedad o accidentes, un punto que generó resistencia en sectores aliados y que podría poner en riesgo el cronograma parlamentario del Gobierno.
La estrategia del oficialismo apunta a convencer a UCR, PRO y Unidos de que el cuestionado esquema de reducción del pago de licencias pueda resolverse vía reglamentación o mediante una ley complementaria, evitando así modificar el texto aprobado por el Senado. El objetivo es claro: impedir que el proyecto vuelva a la Cámara alta y garantizar que el presidente Javier Milei inaugure el período ordinario el 1 de marzo con la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil ya convertidos en ley.
Poroteo fino y votos en disputa
Según fuentes parlamentarias, el oficialismo asegura contar con el respaldo de 94 legisladores propios, 22 de Fuerzas del Cambio (UCR, PRO, MID y Por Santa Cruz), 9 de Innovación Federal y 2 de Producción y Trabajo, lo que totaliza 127 votos. La expectativa es sumar apoyos de Independencia y de algunos integrantes de Unidos para consolidar la mayoría.
Sin embargo, el escenario no está completamente despejado. En el Senado, la cordobesa Alejandra Vigo se abstuvo en este capítulo, y se especula con que parte de los legisladores cordobeses, además de representantes santafesinos y jujeños, podrían replicar esa postura. También es una incógnita la posición de los radicales Pablo Juliano, Martín Lousteau y Mariela Coletta, cuyos votos resultan clave para blindar la votación.
El plan B que el Gobierno quiere evitar
Si no prospera el acuerdo político, el oficialismo tendría que introducir modificaciones en el texto durante el debate en Diputados y remitirlo nuevamente al Senado para su ratificación. Ese recorrido implicaría emitir dictamen el viernes y convocar a una sesión en la Cámara alta el 27, un cronograma ajustado que el Ejecutivo pretende eludir.
Durante el fin de semana, la ministra Patricia Bullrich, en su rol como articuladora política, mantuvo conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, para encontrar una fórmula que permita incorporar precisiones sin necesidad de reabrir el trámite parlamentario. En declaraciones a TN, Bullrich confirmó que el Gobierno está “trabajando” para destrabar el punto durante el debate en Diputados.
El acuerdo debe cerrarse antes del miércoles al mediodía, cuando se reúna el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto para emitir dictamen tras una ronda de consultas de tres horas.
El núcleo del conflicto
La controversia gira en torno a la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de tres meses el trabajador percibirá el 50% del salario, o el 75% si tiene personas a cargo, sin especificar claramente qué ocurre en casos de enfermedad grave.
Bullrich adelantó que la intención oficial es mantener el 100% del salario en enfermedades graves, aunque con la exigencia de un certificado fehaciente o la intervención de una junta médica que valide la condición.
Con el reloj legislativo en cuenta regresiva, el Gobierno apuesta a cerrar un entendimiento político que garantice previsibilidad y evite dilaciones. La aprobación sin cambios en Diputados no solo consolidaría la agenda económica del Ejecutivo, sino que enviaría una señal de fortaleza parlamentaria en el inicio del año político.
