PAUTA DE GASTOS
El presidente Javier Milei afirmó que, si el Presupuesto 2026 obtiene aval legislativo, no será vetado, aunque el Gobierno avanzará con recortes de gastos para garantizar el equilibrio fiscal. La definición buscó enviar una señal al mercado, en medio de un debate legislativo atravesado por tensiones políticas y objeciones técnicas.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la caída de artículos clave —como la derogación de leyes vinculadas a financiamiento universitario y discapacidad— tendría un costo fiscal de hasta 0,42% del PBI en 2026, lo que obliga al Ejecutivo a buscar compensaciones por otras vías.
Desde el análisis técnico, La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública advirtió que el principal problema es la rigidez del gasto, especialmente el gasto previsional, que representa cerca de la mitad del presupuesto y se ajusta automáticamente por inflación. “El margen para recortar es muy limitado”, señalaron especialistas del sector.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal planteó que, para sostener el equilibrio, el ajuste debería recaer sobre el gasto primario flexible. En ese esquema, la masa salarial, los programas sociales, los subsidios energéticos y los gastos en bienes y servicios aparecen como los principales rubros a revisar.
Otros analistas subrayaron que el resultado final dependerá menos de la ley y más de la gestión diaria. En ese sentido, mencionaron controles sobre pensiones, transferencias y beneficios mal asignados como un camino posible para reducir erogaciones sin modificar impuestos, algo que el Gobierno descartó de plano.
En paralelo, volvió al centro del debate el peso de los gastos tributarios. Según el Ministerio de Economía, los beneficios impositivos representan más de 3,5% del PBI. Funcionarios anticiparon que una futura reforma tributaria revisará esos regímenes, con el objetivo de alinear los incentivos fiscales con políticas públicas concretas.
