La administración nacional planea profundizar los ajustes en el sector público, con un enfoque en organismos descentralizados y empresas estatales, tras haber eliminado más de 53.000 puestos desde el inicio de la gestión. El objetivo es lograr una baja adicional cercana al 10% de la dotación total, en un contexto de restricciones fiscales y sin facultades delegadas extraordinarias.
Alcance del ajuste
Actualmente, la administración pública nacional cuenta con 282.570 empleados. Un recorte del 10% implicaría la eliminación de aproximadamente 28.000 puestos durante 2026.
Organismos descentralizados: concentran unos 117.000 trabajadores. El plan incluye eliminar áreas superpuestas, reorganizar funciones y no renovar contratos, lo que podría significar 15.000 a 16.000 bajas (13% del total del sector).
Empresas y sociedades del Estado: reúnen cerca de 90.000 empleados. Para alcanzar la meta global, se proyectan entre 12.000 y 13.000 reducciones (14% del total), mediante privatizaciones, concesiones o liquidaciones, evitando que todas las salidas se computen como despidos directos.

Coordinación y presupuesto
El ajuste, denominado informalmente “motosierra 2.0”, será coordinado por la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desregulación, respaldado por el Presupuesto 2026, que limita la cobertura de vacantes y mantiene el congelamiento de ingresos. Se espera que la reducción se implemente de manera gradual durante los primeros trimestres del próximo año.
Tensiones y conflictos
El plan genera preocupación entre los gremios estatales, que advierten sobre la posibilidad de adelantar medidas de fuerza ante nuevos despidos y rechazan cualquier reducción adicional en la planta del Estado.
El proyecto refleja la estrategia del Gobierno de optimizar la estructura estatal, aunque se enfrenta a la resistencia de trabajadores y sindicatos, que consideran que los recortes podrían afectar servicios y estabilidad laboral.
