MODELO DE GESTIÓN
Un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) expuso cómo fue el ajuste en los primeros 20 meses de gestión y cuáles son los sectores más afectados.
Un recorte desigual
Según el análisis de FARN, entre el Presupuesto 2023 -el último aprobado por el Congreso- y el actual, la caída real del gasto fue del 26,5%. Sin embargo, el ajuste no fue uniforme:
Áreas ambientales: nueve de diez partidas sufrieron caídas de entre 28,1% y 83,2%.
Deuda Pública: el recorte fue del 21,2%, por debajo de la media general.
Inteligencia: la Secretaría de Inteligencia del Estado fue una de las pocas beneficiadas, con un aumento real del 19,2%, alcanzando el mayor presupuesto en cinco años.
En paralelo, la Subsecretaría de Ambiente perdió 68,9% de su presupuesto real, y la Administración de Parques Nacionales cayó un 40,1%, afectando la contratación de brigadistas y personal técnico, que hoy tienen vínculos laborales de apenas un mes de duración.
Fondos críticos en emergencia
La motosierra impactó de lleno en organismos clave para la gestión ambiental:
Bosques Nativos: no se cumple con el financiamiento mínimo que establece la Ley 26.331, que debería representar el 0,3% del Presupuesto nacional y el 2% de las retenciones agropecuarias.
Servicio Nacional de Manejo del Fuego: cuenta con apenas dos tercios de los fondos ejecutados en 2023, pese a que en 2024 se registraron la mayor cantidad de focos ígneos en ocho años.
Energías renovables: reciben 93 veces menos financiamiento que los subsidios a empresas hidrocarburíferas.
INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas): su presupuesto equivale a un tercio del que tuvo en 2017, con una caída real del 40,6%.
Servicio Meteorológico Nacional: opera con 36,5% menos recursos que en 2023, aun tras las inundaciones que golpearon a la provincia de Buenos Aires.
La excepción: Inteligencia en alza
Mientras gran parte de los ministerios atraviesan fuertes recortes, la Secretaría de Inteligencia ejecutó en el primer semestre $41.122 millones, el 50,8% de su presupuesto anual, que asciende a $80.873 millones. El incremento está vinculado a tareas de vigilancia sobre “conflictos socioambientales”, lo que despierta cuestionamientos por contradecir los compromisos asumidos en el Acuerdo de Escazú, que protege a defensores ambientales.
Desde FARN alertan que la criminalización de la protesta socioambiental y el uso de fondos reservados sin control parlamentario “resultan incompatibles con los principios de participación ciudadana y justicia ambiental”.
¿Cuánto cuesta sostener lo recortado?
El Gobierno alcanzó en el primer semestre un superávit financiero del 0,3% del PBI. Con apenas una fracción de ese resultado, se podrían recomponer partidas críticas:
Con el 24,1% del superávit se cubrirían todas las partidas ambientales analizadas.
Con el 0,99% se mantendría en términos reales el presupuesto del Hospital Garrahan.
Con el 63,4% se preservaría el financiamiento de la educación universitaria pública.
El dilema fiscal
De cara a la presentación del Presupuesto 2026, el Ejecutivo enfrenta una disyuntiva: mantener a rajatabla el superávit como bandera política o abrir el grifo en sectores sensibles para evitar que la motosierra le siga sumando conflictos en el Congreso y en la calle.
