El Gobierno argentino ha anunciado la disolución del Fondo Fiduciario Público "Pro.Cre.Ar", un programa que, desde 2012, facilitaba el acceso a la vivienda única familiar a través de créditos hipotecarios.
La medida se enmarca dentro de los esfuerzos del presidente Javier Milei para reorganizar las finanzas públicas y responde a las dificultades operativas del fondo, que, según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), no cumplió con los objetivos de eficiencia y transparencia esperados. Entre los problemas detectados se encuentran las demoras en la entrega de viviendas, costos adicionales en mantenimiento y problemas de habitabilidad en las unidades, lo que generó constantes reclamos por parte de los beneficiarios.

El Gobierno argumenta que la financiación de viviendas debe ser una actividad gestionada por instituciones financieras privadas y públicas, sin intervención estatal directa. En este sentido, el presidente sostiene que la reforma del Banco Central, orientada a reducir la inflación y fomentar los créditos hipotecarios, ha creado el contexto adecuado para dejar de intervenir en el sector inmobiliario.
El Ministerio de Economía será el encargado de liquidar el fondo, transferir los bienes inmuebles a provincias, municipios y otros organismos estatales cuando sea necesario, y entregar los inmuebles fiduciarios a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En cuanto a los beneficiarios actuales de Pro.Cre.Ar, el decreto establece que continuarán con sus créditos bajo las mismas condiciones pactadas, a través de un acuerdo con el Banco Hipotecario S.A.


