El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes desde el Palacio de la Moncloa un conjunto de nueve medidas para incrementar la presión sobre Israel ante lo que calificó como un “genocidio” en Gaza. Entre ellas, figura la consolidación legal del embargo de armas, la prohibición de escalas portuarias para barcos que transporten combustibles al ejército israelí y la restricción del espacio aéreo a aeronaves con material de defensa.
El paquete también incluye el veto a la entrada de personas vinculadas a los crímenes de guerra, la prohibición de productos originados en asentamientos ilegales y limitaciones a los servicios consulares en territorios ocupados. Además, Sánchez adelantó un aumento de la ayuda a la Autoridad Palestina y a la UNRWA, la agencia de la ONU para refugiados palestinos.

El discurso del mandatario se produjo en un contexto de creciente crisis humanitaria. La ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza lleva más de 23 meses y ha dejado miles de víctimas civiles y una destrucción masiva de infraestructura. Para diversos organismos internacionales, la situación representa un “genocidio”, aunque esta acusación es rechazada por Israel y sus aliados.
Las nuevas medidas españolas ya generan fricciones diplomáticas. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, acusó a Sánchez de “antisemitismo” y anunció que prohibirá el ingreso al país de dos ministras españolas. Desde Madrid respondieron rechazando “tajantemente” esas declaraciones y calificando la decisión como “inaceptable”. La tensión bilateral escala en paralelo al reconocimiento del Estado palestino por parte de España, Irlanda y Noruega en 2024.



