Congreso
El proyecto busca prohibir la ayuda económica y financiera del Estado a personas y sociedades con activos offshore, vinculadas o ubicadas en guaridas fiscales y/o evasores de obligaciones fiscales.
La normativa obtuvo dictamen integral el 13 de octubre por la comisión de Presupuesto y Hacienda. Fue redactado por Vallejos junto con los diputados Graciela Camaño (Consenso Federal) y Pablo Carro (Frente de Todos).
Según especificaron desde el bloque "el proyecto es un texto bastante más exigente que una versión previa que durante una sesión el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, devolvió a la comisión para su reconsideración, ante el reclamo del diputado Jorge Sarghini (Consenso Federal) por un cambio que se le introdujo a último momento".
La iniciativa incorporó la idea de eliminar a los países no cooperantes, contemplados en el proyecto original y, según se especificó, se optó por privilegiar a las jurisdicciones de baja o nula tributación que, aseguraron es "una fórmula que se ajusta mejor a la definición de guaridas fiscales".
Vallejos sostuvo que "a partir de esta norma, los "vivos" que, en base a su poder económico, se valen de recursos contables, financieros y jurídicos, para evadir sus responsabilidades fiscales, escondiendo sus ganancias y patrimonios en guaridas, mediante una diversidad de operaciones y vinculaciones offshore, ya no van a poder seguir aprovechándose de los recursos públicos que, indudablemente, no sólo son limitados sino que es imperioso que lleguen a quienes realmente los necesitan".
Dictamen con modificaciones en comisión
El proyecto sostiene que la ayuda del Estado que se prohíbe abarca "subsidios, transferencias, exenciones impositivas y/o beneficios fiscales, facilidades crediticias subsidios, transferencias, exenciones impositivas y/o beneficios fiscales, facilidades crediticias y/o en obligaciones emanadas del sistema de seguridad social".
Además de "personas y empresas con activos offshore, tampoco podrán recibir dinero público las personas y las empresas condenadas y procesadas por delitos por corrupción y los que hubieran defraudado al Estado".
El dictamen contó con el respaldo del bloque Unidad y Equidad Federal, que preside el diputado José Luis Ramón. Juntos por el Cambio, en tanto, había votado en contra del dictamen.
