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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, dispuso este miércoles la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), con sede social en la ciudad de Buenos Aires y presidido por la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, por irregularidades contables, entre otras cuestiones.
A través de un comunicado, se explica la medida: "Se busca normalizar la situación institucional de la entidad, luego que las actuaciones sumariales realizadas por la Inspección General de Justicia verificaran irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar".
Soria dispuso la intervención de la asociación civil en los términos del artículo 10, inciso J, de la ley 22.315.
La medida dispuesta generó un duro cruce entre Soria y Bullrich a través de la red social Twitter.
Sergio Massa decidió continuar atacándome, esta vez a través del ministro de Justicia, en lugar de ocuparse de la inflación galopante y del estado calamitoso de la economía
“Quiero compartir con la gente que estemos fuertes, porque los ataques seguirán en las próximas semanas. Buscan correr la atención de su gestión desastrosa y de la miseria que genera el kirchnerismo”, agregó la precandidata.
De inmediato, Soria le contestó por la misma red social: "La IGJ depende del Ministerio de Justicia. No sabés ni las competencias de cada ministerio pero decís que hay que cerrarlos. Dejá la campaña de lado y empezá a explicar el sistema ilegal de recaudación que armaste para tu partido político, mucho antes de que seas candidata!!".
Los argumentos
La intervención -que fue solicitada por el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen- se fundamenta en la instrucción realizada por ese organismo, en la cual se determinó que desde el instituto que preside Bullrich "se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar".
Las actuaciones sumariales realizadas determinaron que -bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro como es el IEES- "se estructuró un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar, en todo o en parte, acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata".
También se detectaron irregularidades contables y administrativas: se verificó un "crecimiento exponencial" de los ingresos y egresos del instituto, "pasando en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de 90 millones de pesos".
Ese incremento de los ingresos es "coincidente con actividades políticas personales desplegadas por Patricia Bullrich y pagos de facturas telefónicas vinculadas a líneas que están registrados bajo el partido Unión por la Libertad". 
De oficio
- El sumario que fue instruido por la Inspección General de Justicia incluyó visitas de inspección, documentación aportada por la propia entidad, compulsa de información de acceso público, entre otras medidas, y fue iniciado de oficio luego de que los diarios Perfil, Cronista y Página/12 den cuenta de la realización de actividades proselitistas, como almuerzos y cenas de campaña, impulsadas por Bullrich y pagos a Gerardo Milman vinculados al IEES.
- La intervención por 180 días hábiles dispuesta el día de la fecha se concreta luego que la resolución recaída en la Causa "Inspección General de Justicia c/Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil s/Medidas Precautorias" (CIV 24775/2023), que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 28, ha adquirido firmeza.
- La IGJ determinó que la utilización estructural y financiera del IEES para la campaña política nacional de Bullrich "no sólo vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles", sino que también podría "implicar una violación de la ley 26.215 la cual regula la financiación de partidos políticos".
- La Ley 22.315 establece en su artículo 10 inciso J, que la IGJ podrá solicitar al Ministro de Justicia de la Nación la intervención de asociaciones civiles o fundaciones cuando se verifiquen actos graves que importen violación de la ley, si existen irregularidades no subsanables o no pueden cumplir su objeto, o cuando la medida resulta necesaria en resguardo del interés público, entre otros.
