MODERNIZACIÓN LABORAL
El proyecto de modernización laboral enviado por el Gobierno al Senado abrió un fuerte debate político y fiscal. Según estimaciones oficiales y privadas, la reducción de impuestos incluida en la iniciativa tendría un costo fiscal cercano al 0,8% del PBI, unos US$ 5.500 millones anuales, una cifra que representa la mitad del superávit previsto para 2026 y que aún no tiene fuentes de financiamiento explicitadas.
El punto más sensible es que buena parte de esos tributos son coparticipables, por lo que la caída en la recaudación impactaría de lleno en las provincias, que ya manifestaron su preocupación por una merma sostenida de ingresos. Desde la oposición remarcan que el Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, exige equilibrio fiscal para cualquier ley, pero no detalla cómo cubrirá este desfasaje.
Entre las medidas centrales figura la reducción de las contribuciones patronales, con un cambio en el destino de aportes que hoy financian el sistema jubilatorio, y la baja del aporte a las obras sociales. A esto se suma un recorte en el Impuesto a las Ganancias corporativo y la eliminación de impuestos internos sobre consumos específicos, beneficios que, según críticos del proyecto, favorecerían en mayor medida a grandes empresas.
Las consultoras privadas pusieron números al impacto. Para Invecq, el costo total ronda el 0,83% del PBI, mientras que CEPA estimó que solo la baja de contribuciones patronales implicaría más de US$ 2.000 millones anuales. En ambos casos, el efecto sobre la recaudación provincial aparece como uno de los principales focos de tensión.
El debate recién comienza en las comisiones del Senado, pero ya dejó en evidencia un nudo político clave: cómo sostener el equilibrio fiscal mientras se impulsan recortes tributarios de gran magnitud. La falta de definiciones claras sobre el financiamiento promete profundizar el cruce entre el oficialismo, las provincias y una oposición que anticipa una discusión áspera en el Congreso.
