ESCÁNDALO POLÍTICO
La crisis política que se desató tras la difusión de audios filtrados de la secretaria general de la Presidencia sumó este martes un capítulo internacional. Desde la embajada de Rusia en Argentina aseguraron que las acusaciones sobre la supuesta participación de sus servicios de inteligencia en las escuchas son “infundadas y falsas”.
En un comunicado difundido en redes sociales, el organismo diplomático señaló: “El deseo de ver 'espías rusos' en cada esquina es irracional y destructivo”. Además, remarcaron que Moscú “aboga constantemente por la cooperación y la amistad con Argentina” en el marco de la asociación estratégica bilateral.
La respuesta se produce luego de que desde sectores del oficialismo circulara la versión de que Rusia y Venezuela habrían estado detrás de las grabaciones en la Casa Rosada para desestabilizar al Gobierno libertario en plena campaña electoral.
Mientras tanto, en el plano local, el presidente Javier Milei reapareció en redes sociales para acusar a un grupo de periodistas de formar parte de una “red de espionaje ilegal”. “Estos espías disfrazados de periodistas quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
El fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la investigación, ordenó avanzar sobre la denuncia pero dejó en claro que se deben preservar las fuentes periodísticas, al tratarse de un principio constitucional.
En paralelo, referentes del oficialismo apuntaron contra la oposición. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó que la grabación es un “intento de desestabilización” y denunció que fue realizada de manera ilegal dentro del Congreso.
A su vez, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el audio fue producto de “espionaje ilegal” y que fue difundido estratégicamente “en medio de la campaña electoral”. En la misma línea, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que se trata de “una operación política a días de las elecciones bonaerenses”.
En medio de la polémica, el caso sigue escalando: la disputa ya involucra al Gobierno nacional, la Justicia, la oposición, la prensa y hasta a Rusia, en un contexto de alta tensión política y económica.
