DESRREGULACIÓN
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió públicamente la decisión del Gobierno de eliminar el aporte obligatorio destinado a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), al que calificó como una “aberración” y un esquema que, según sostuvo, distorsionaba el funcionamiento del sector.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 55/2026, que dispone el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y la eliminación del financiamiento compulsivo que recibía la entidad desde el sector productivo.
Fin del financiamiento obligatorio
Con la decisión, el Estado pone fin a las contribuciones obligatorias que debían pagar bodegas y productores por elaboración, embotellado y comercialización de vino y mosto, recursos que eran destinados a la COVIAR.
Según el Gobierno, este esquema implicaba que el Estado actuara como intermediario de un financiamiento privado, pero de carácter obligatorio, lo que fue cuestionado por el oficialismo.
Críticas al esquema y objetivos incumplidos
Sturzenegger señaló que el sistema fue creado en 2004 con el objetivo de impulsar al sector vitivinícola argentino a nivel global, incluyendo metas como aumentar exportaciones y participación en el mercado internacional.
Sin embargo, remarcó que esos objetivos “no se cumplieron”, ya que las exportaciones no alcanzaron los niveles previstos y la participación argentina en el comercio mundial de vino se mantuvo muy por debajo de lo proyectado.
También cuestionó que el esquema permitía actualizaciones de las contribuciones por encima de la inflación, lo que —según el funcionario— reforzaba su carácter distorsivo.
Qué cambia para el sector vitivinícola
El Gobierno aclaró que la COVIAR no desaparece, pero deberá funcionar sin financiamiento obligatorio. A partir de ahora, su sostenimiento dependerá de aportes voluntarios de sus miembros, como ocurre con otras cámaras del sector privado.
La medida implica un cambio estructural en la relación entre el Estado y la industria vitivinícola, al eliminar un esquema de recaudación compulsiva que, según el Ejecutivo, afectaba la competitividad.
