La Reforma Laboral aprobada por el Senado tendrá un costo fiscal directo inicial anual de 0,47% del PBI, casi la mitad del estimado en el proyecto original. Los cambios introducidos modifican la distribución del gasto entre Nación y provincias, y abren el debate sobre los efectos en la formalización laboral y la recaudación futura.
Reducción del costo respecto del proyecto original
El proyecto original de reforma tenía un costo fiscal total estimado de 0,89 puntos porcentuales del PBI, distribuido de la siguiente manera:
Nación: 0,71 p.p. del PBI
Provincias y CABA: 0,19 p.p. del PBI
Tras la aprobación del Senado, el costo se reduce a 0,47 p.p. del PBI, repartido así:
Nación: 0,41 p.p. del PBI
Provincias y CABA: 0,06 p.p. del PBI
Esto representa una reducción del 48% en el costo total, con una baja del 42% para la Nación y del 69% para provincias y CABA.
Componentes del costo fiscal
El cálculo considera principalmente tres aspectos del proyecto:
Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
Reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias para empresas
Eliminación de ciertos impuestos internos
Se destaca que la referencia al “costo fiscal directo inicial anual” indica que, a medida que aumente la formalización laboral por las reducciones impositivas, la base imponible podría crecer, compensando parte de la pérdida estimada.
En síntesis, la reforma aprobada mantiene beneficios para empresas y trabajadores, pero reduce significativamente el impacto fiscal directo sobre el Estado y las provincias, al tiempo que plantea interrogantes sobre cómo influirá en la formalización y en la recaudación futura.
