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A un año de su detención en Venezuela, el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina Nahuel Gallo continúa preso en una cárcel de máxima seguridad en las afueras de Caracas, en un caso que profundizó la tensión diplomática entre los gobiernos de Javier Milei y Nicolás Maduro.
Gallo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024, cuando intentaba ingresar al país por la frontera con Colombia para visitar a su esposa e hijo. Según denunció su familia y el Gobierno argentino, el gendarme habría sido secuestrado por funcionarios venezolanos, mientras que Caracas lo acusa de “vinculación a acciones terroristas” y “espionaje”.
La esposa del gendarme, María Alexandra Gómez, reveló que Gallo estuvo alojado en la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda, y que en julio de este año fue trasladado nuevamente a una prisión de alta seguridad. “Yo no quería venirme porque mi intención era regresar con Nahuel, como lo habíamos planificado”, declaró la mujer, quien regresó al país con su hijo tras meses de gestiones fallidas.
Las autoridades venezolanas, incluso el fiscal Tarek William Saab, le aseguraron en su momento que la detención “había sido un error” y que el caso respondía a “un conflicto diplomático”, pero la situación nunca se resolvió.
En septiembre, Griselda Heredia, madre del gendarme, pidió públicamente por su liberación y relató haber atravesado episodios de angustia durante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. También se comunicó con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le insistió en mantener la calma.
Desde el inicio del caso, el Gobierno argentino lo denunció ante la ONU, la OEA y la Corte Penal Internacional, a través del embajador Diego Sadofschi, al considerar que la detención es “arbitraria e ilegal” y constituiría una “desaparición forzada” y un delito de lesa humanidad.
