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A un paso de la imputación: La Corte rechazó los planteos de la defensa de Janina Ortiz

La Suprema Corte de Justicia de la provincia desestimó los planteos presentados por la diputada con respecto a poner en duda la idoneidad del juez de ejecución penal que dispuso su imputación. La legisladora y exfuncionaria de la Municipalidad de Las Heras se encuentra por estos días suspendida en su cargo.

janina ortiz

En las últimas horas, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó todos los planteos que presentó la defensa de Janina Ortiz. Por esto, la diputada, actualmente suspendida, quedó más cerca de la imputación por fraude a administración pública y coacciones.

La abogada de Ortiz, María Elena Quintero, había presentado un recurso de inconstitucionalidad y casación en contra de lo decidido por el juez Sebastián Sarmiento. Sin embargo, con la firma de los jueces Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro, la Corte rechazó rotundamente cada uno de los planteos y, en consecuencia, la diputada quedó al borde de la imputación.

En los próximos días, Ortiz podría ser citada para oficializar las imputaciones en su contra.

Las causas en contra de Janina Ortiz

Los investigadores intentan esclarecer el destino de más de $35 millones que ingresaron a la cuenta bancaria del titular de la cooperativa Manos a la Obra. Según la hipótesis de la Fiscalía, ese dinero “fue utilizado y administrado por los sindicados en su favor y el de terceras personas”.

Por su parte, Ortiz afirmó que nunca firmó esos acuerdos y denunció que hay firmas de ella “adulteradas”.

Junto a Ortiz están acusados en el expediente el Subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart; el Jefe de Licencias de Conducir Hernán Mostaccio, el Director de Compras, Mauricio Valle, el Secretario de Hacienda, Carlos Nofal, el Director de Asuntos Legales, Mauro Homan, el agente municipal Juan Pablo Pandolfi (familiar de Oyhenart), el Subdirector de Contaduría, Daniel Herrera y el titular de la cooperativa mencionada, Adrián Pérez.

La segunda causa es por “coacciones”, en base a la denuncia de una empleada municipal que aseguró haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con un funcionario de Las Heras para grabarle una conversación.

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