JUSTICIA
El Gobierno nacional presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), solicitando que el fallo tenga “efecto suspensivo” mientras se resuelve la causa.
El fallo de primera instancia
En 2025, en un amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, el juez federal Enrique Cormick ordenó al Estado actualizar los salarios docentes y las partidas presupuestarias de las universidades.
El magistrado consideró que el veto presidencial que suspendía la aplicación de la ley y condicionaba su ejecución a la disponibilidad de recursos tenía “rasgos de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. Además, advirtió que la demora del Estado constituía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico”, poniendo en riesgo el funcionamiento de las casas de altos estudios.
Los argumentos del Gobierno
A través de la Procuración del Tesoro, el Ejecutivo nacional presentó la apelación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, calificando la decisión judicial como “arbitraria”.
Entre los principales argumentos del Gobierno:
La ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporarlas en el Presupuesto, tarea que corresponde al Congreso y no al Ejecutivo.
Se cuestionó la imparcialidad del juez, dado que Cormick es docente universitario y forma parte del grupo beneficiado por la recomposición salarial.
La Cámara rechazó la recusación, al no encontrar pruebas de interés personal, y deberá decidir si confirma o deja sin efecto la medida cautelar.
Del conflicto judicial a la negociación
Pese a la ofensiva en tribunales, el Ejecutivo inició una estrategia paralela de diálogo con el sector universitario para reducir la tensión. Tras las masivas movilizaciones de 2024 y 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario Alejandro Álvarez se reunieron con autoridades del CIN.
El objetivo es elaborar una nueva ley de financiamiento que no derogue el esquema vigente, sino que lo modifique para garantizar seguridad jurídica a las universidades y previsibilidad fiscal al Ministerio de Economía.
Carlos Greco, presidente del CIN, afirmó:
“Nos vamos con expectativa de que podremos avanzar en la resolución de algunas de las demandas que tenemos”.
Por su parte, Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN, destacó que, aunque el diálogo es un paso en la dirección correcta, aún quedan muchos temas por resolver.
