VETO PRESIDENCIAL
El Ejecutivo de Javier Milei tiene hasta el 4 de agosto para vetar las leyes aprobadas que aumentan las jubilaciones, elevan el bono de 70.000 a 110.000 pesos y reabren la moratoria previsional. De no hacerlo, las normas se convertirán en ley, algo que el presidente aún no está dispuesto a permitir.
La estrategia oficial es jugar con los tiempos parlamentarios para postergar la implementación hasta el último trimestre del año. Así, aunque las leyes sean ratificadas con los votos necesarios, el debate y la reglamentación podrían extenderse hasta septiembre, retrasando la ejecución efectiva para octubre, noviembre o diciembre.
El paquete aprobado en el Senado implicaría un aumento del gasto público de aproximadamente 3.250 millones de dólares para este año, con un impacto anual cercano al 2,6% del PBI. Esto incluye incrementos en jubilaciones, bonos, aportes por incapacidad y modificaciones en impuestos como el ITC y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Milei y su equipo, liderado por Luis “Toto” Caputo y Karina Milei, planean vetar estas leyes para forzar un nuevo debate en el Congreso, donde la oposición debería alcanzar dos tercios de los votos para ratificarlas. Aunque se espera que eso suceda, la maniobra oficial busca alargar los plazos para minimizar el impacto fiscal en 2025 y conservar la meta de superávit primario pactada con el FMI, que ronda el 1,6% del PBI.
De concretarse la ratificación y aplicación de las leyes en el último trimestre, el superávit se reduciría levemente, pero sin comprometer el cumplimiento general del acuerdo con el organismo internacional.
El plan del Gobierno también depende de la estrategia electoral: si Milei y su coalición consiguen una victoria contundente en las legislativas de octubre, podrían vetar definitivamente este paquete o congelar sus efectos para licuarlos en 2026.
Mientras tanto, no habrá nuevas negociaciones con gobernadores hasta que se defina el nuevo Congreso, anticipando un escenario de mayor confrontación política.
En resumen, la estrategia oficial apuesta al “aguante” y al estiramiento de los tiempos para ganar espacio político y fiscal hasta las elecciones, confiando en un triunfo que permita rediseñar las cuentas públicas y dejar atrás el paquete aprobado por el actual Congreso.
