Con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el Presupuesto, aunque el desenlace dejó expuestas fracturas internas y límites políticos. La oposición rechazó el Capítulo XI, que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, dos normas vetadas por el Ejecutivo y luego insistidas por el Congreso.
En el arranque de la sesión, el bloque de La Libertad Avanza consiguió que la votación se realizara por capítulos y no por artículos, una maniobra que buscó impedir que se tratara de manera separada el artículo 75, eje de la controversia. Esa estrategia le permitió ganar tiempo, pero no evitó el desenlace adverso.

La votación del capítulo completo se definió de madrugada, con 123 votos negativos, 117 positivos y dos abstenciones, luego de que sectores del radicalismo decidieran no acompañar al oficialismo. Desde la oposición argumentaron que la iniciativa era una provocación política y recordaron que la Ley de Administración Financiera prohíbe derogar leyes mediante el Presupuesto.
En un intento de último momento por blindar el capítulo, el oficialismo incorporó nuevos artículos. Uno, impulsado por el PRO , habilitaba al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias vinculadas a la coparticipación porteña; el otro asignaba $21.347 millones al Poder Judicial. La maniobra generó fuertes críticas, incluso dentro de los bloques aliados.
El rechazo del capítulo también dejó sin efecto cambios en tarifas de gas para Zonas Frías y la eliminación de la actualización automática de la AUH y asignaciones familiares, dos puntos sensibles del dictamen oficialista. Aunque el Presupuesto quedó aprobado, el resultado expuso que el Gobierno logró la ley sin margen para avanzar sobre temas sociales clave.



