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Dos mendocinos seguirán presos por una causa que investiga 832 fraudes con tarjetas de crédito

La investigación judicial se originó tras una denuncia de Mercado Libre, que detectó operaciones sospechosas realizadas con datos de tarjetas de crédito y débito obtenidos de manera ilícita. La causa investiga 832 maniobras fraudulentas que habrían afectado a más de 800 personas y provocado pérdidas superiores a los 70 mil dólares.

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La Justicia de Mendoza resolvió que dos hombres oriundos de San Rafael permanezcan con prisión preventiva, acusados de integrar y organizar una presunta asociación ilícita dedicada a cometer fraudes mediante el uso indebido de datos de tarjetas de crédito y débito. La causa investiga 832 maniobras fraudulentas que habrían perjudicado a más de 800 titulares de tarjetas en distintos puntos del país.

Los imputados, Gastón Sebastián García Soto y Marcos Agustín García Gasques, enfrentan cargos por asociación ilícita y múltiples hechos de defraudación. Según la investigación, el perjuicio económico provocado por las maniobras supera los 70 mil dólares.

La investigación comenzó tras una denuncia de Mercado Libre

La causa comenzó luego de que Mercado Libre, a través de su área de Prevención de Fraudes, detectara operaciones inusuales vinculadas a compras desconocidas por los titulares de distintas tarjetas de crédito y débito. A partir de esa información, los investigadores determinaron que gran parte de las transacciones eran realizadas desde direcciones IP ubicadas en Mendoza.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos, la organización obtenía los datos bancarios mediante distintas modalidades de fraude informático, principalmente a través de enlaces falsos que simulaban páginas oficiales para captar información confidencial de las víctimas. Luego, esa información era utilizada para realizar compras y otras operaciones sin autorización.

El operativo que permitió avanzar sobre la organización

Uno de los principales avances de la investigación se produjo el 28 de abril, cuando la Policía de Mendoza, a través de la División Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones, llevó adelante cinco allanamientos en el distrito de Cañada Seca, en San Rafael, en un operativo conjunto con la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos.

Durante esos procedimientos fueron aprehendidos cuatro hombres y se secuestraron armas de fuego, entre ellas una pistola calibre 22, escopetas y cartuchos. Además, los efectivos incautaron computadoras, una MacBook, teléfonos celulares, CPU, pendrives y otros dispositivos de almacenamiento que serían de interés para la causa. También fueron asegurados criptoactivos (USDT), que quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Fiscal por su presunta vinculación con las maniobras investigadas.

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Tras ese operativo, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus sostuvo que este tipo de delitos "no son hechos aislados", sino que responden a redes que "se organizan, se profesionalizan y buscan perjudicar a los vecinos desde cualquier lugar, incluso detrás de una pantalla". 

Cómo operaba la maniobra investigada

Según la investigación, el dinero obtenido mediante las presuntas estafas era transferido inicialmente a cuentas digitales y posteriormente convertido en criptomonedas, principalmente USDT, con el objetivo de dificultar el rastreo de los fondos y ocultar el circuito financiero.

Los investigadores estiman que las maniobras afectaron a más de 800 titulares de tarjetas y provocaron un perjuicio superior a los 70 mil dólares. La causa continúa en etapa de investigación y la Justicia no descarta nuevas medidas ni eventuales detenciones en una organización que, de acuerdo con la pesquisa, operaba con una estructura organizada y alcance nacional.

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