INDEMNIZACIÓN SIN PRECEDENTES
La pelea legal que involucra a Refres Now SA por una indemnización cercana a los $1.500 millones ingresó en una nueva etapa. Lo que comenzó como un reclamo laboral terminó convirtiéndose en uno de los casos más significativos del país en materia de relaciones laborales, y ahora se define en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
En abril, un fallo de la Cámara del Trabajo de San Rafael sorprendió al condenar a la firma que produce Manaos a resarcir a un ex distribuidor con una suma que, según el tribunal, corresponde a indemnizaciones, multas por irregularidades registrales y actualizaciones por intereses UVA. La cifra total alcanzó los $1.484 millones, un monto inédito para este tipo de demandas en la provincia.
La defensa de la compañía actuó con rapidez. Representada por el abogado Diego Adrián Díaz, Refres Now SA presentó un recurso extraordinario que fue admitido y será evaluado por los jueces Omar Palermo, Norma Llaster y Mario Adaro. La revisión de la Corte pondrá bajo análisis no solo el caso puntual, sino también el impacto de las recientes reformas laborales y la validez de aplicar intereses UVA, un mecanismo ya limitado en Mendoza.
En paralelo, el equipo legal del trabajador intensificó la ofensiva. Pese a que el fallo aún no está firme, los abogados Raúl Oyola y Santiago Rentería solicitaron una sentencia monitoria, una figura que permite reclamar deudas exigibles de forma más directa. Argumentan que, más allá de la apelación, la empresa está en condiciones de cumplir con el pago dispuesto por la Cámara.
La relación laboral se remonta a 2013, cuando el distribuidor comenzó a operar como viajante comercial para la empresa. La desvinculación ocurrió a fines de 2022, momento en el que el trabajador se dio por despedido. Durante el juicio, se acreditaron fallas en la registración, sueldos impagos y un vínculo encubierto que derivó en la condena.
El contexto también influyó en el resultado. El fallo se dictó bajo el paraguas de una legislación laboral anterior a la Ley Bases, que modificó los criterios para sancionar irregularidades contractuales. Del total, solo $200 millones corresponden al capital, mientras que el resto se explica por intereses acumulados, lo que generó fuertes cuestionamientos en el sector empresario.
A la espera del pronunciamiento de la Corte, el caso Manaos se convirtió en un termómetro para medir los efectos de los cambios normativos y el rol de la Justicia laboral en la etapa post reforma. Lo que está en juego no es solo una suma millonaria, sino también el alcance de los derechos laborales en tiempos de transición normativa.
