El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, destinó $1.830 millones para indemnizar a 41 trabajadores despedidos tras la disolución del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS). Este organismo fue reemplazado por la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS), que ahora opera bajo la órbita del Departamento General de Irrigación.
Reestructuración y reducción de personal
La Ley N° 9.589, aprobada a finales del año pasado, dispuso la disolución del EPAS y la creación de la DIRCAS, un organismo con una estructura más reducida. De los empleados que integraban el EPAS, solo 17 fueron incorporados al nuevo ente, mientras que 41 quedaron fuera del nuevo organigrama.
Para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo, el decreto N° 442, publicado en el Boletín Oficial, autorizó la transferencia de fondos para el pago de indemnizaciones. Esta medida fue solicitada por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

Destino de los fondos y futuro ahorro
El proceso de liquidación del EPAS implica no solo la indemnización de los empleados desvinculados, sino también la disposición de sus recursos financieros y operativos. Según la normativa, si tras el pago de las indemnizaciones quedase un remanente, este será reintegrado a la Provincia.
Por su parte, la DIRCAS, liderada por Sebastián Pulido, tiene como objetivo optimizar la gestión y supervisión de los servicios de agua y saneamiento brindados por AYSAM, municipios y cooperativas. Con este nuevo esquema, el Gobierno prevé un ahorro anual de aproximadamente $1.000 millones, además de una mayor eficiencia en la regulación del servicio.



