MASIVA PROTESTA
La explanada de la Casa de Gobierno de Mendoza fue escenario este miércoles de un reclamo conjunto de personas con discapacidad, familiares y profesionales del sector (como docentes, médicos y terapistas) que exigieron la efectiva implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El eje del planteo apunta a una situación que califican como “crítica”: una ley que fue aprobada, está vigente, pero no se traduce en mejoras concretas. Por eso, los manifestantes solicitaron al Gobierno provincial que intervenga ante la Nación para garantizar su cumplimiento.
La norma fue sancionada por el Congreso en junio de 2025 y posteriormente vetada en su totalidad por el presidente Javier Milei el 4 de agosto de ese año. Sin embargo, semanas después el propio Parlamento rechazó ese veto con mayoría especial, lo que dejó la ley firme.
A pesar de ello, su aplicación nunca se materializó. Desde el Ejecutivo nacional se argumentó que no estaban asegurados los recursos necesarios para financiarla, lo que en la práctica derivó en que la ley quede vigente solo en lo formal.
Desde su promulgación, pasaron entre seis y siete meses sin que se registren avances en su implementación, lo que motivó el creciente malestar en el sector.
Durante la protesta, y en diálogo con Radio Nihuil, los participantes compartieron testimonios que reflejan las dificultades actuales: atrasos en los pagos a prestadores, recortes en servicios y complicaciones para sostener tratamientos fundamentales.
Para qué fue concebida la Ley de Emergencia en Discapacidad
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue concebida para actualizar los valores del nomenclador de prestaciones, una herramienta clave para asegurar la continuidad de servicios básicos como terapias, transporte y acompañamiento. También contemplaba el fortalecimiento del sistema de pensiones, que ya arrastraba problemas de financiamiento y demoras.
Según advirtieron los manifestantes, la falta de aplicación de la norma está generando un deterioro progresivo en la atención, con profesionales que dejan de prestar servicios ante la falta de actualización de aranceles y familias que enfrentan cada vez más obstáculos para acceder a derechos básicos.
El reclamo expuso la urgencia de una solución y dejó en claro que, para quienes dependen del sistema, la vigencia de la ley sin aplicación efectiva resulta insuficiente frente a una realidad cada vez más compleja.
