INFORME
Los haberes jubilatorios en Argentina registran una pérdida real del 27,4% como consecuencia del cambio en la fórmula de actualización impulsado desde diciembre de 2023 por el gobierno de Javier Milei, según detalla un estudio privado.
La modificación se implementó a través del DNU 274/2024, que reemplazó el esquema de actualización previsto en la Ley 27.609 por un mecanismo basado exclusivamente en la inflación. Esta decisión fue una de las herramientas centrales que le permitió a la administración libertaria alcanzar el superávit fiscal.
De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), tras los aumentos por inflación de diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubica en $340.886. En contraste, de haberse mantenido vigente la fórmula anterior, el haber mínimo habría alcanzado los $434.279, lo que implica una brecha mensual de $93.393 para los beneficiarios del sistema previsional.
El documento sostiene que la fórmula derogada “en el tiempo hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras”. En esa línea, el informe denuncia que la modificación por decreto se produjo en el preciso momento en que el esquema previo podía haber generado una mejora real de los ingresos.
Desde el CEPA explican que el sistema eliminado se apoyaba en la recaudación de la seguridad social y en la variación de los salarios, dos indicadores con rezago que permiten ganarle a la inflación cuando esta comienza a desacelerarse. Con el esquema actual, advierten, las jubilaciones “no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar” lo ya perdido.
La situación resulta aún más crítica para quienes perciben la jubilación mínima, debido al congelamiento del bono compensatorio. Desde marzo de 2024, este refuerzo permanece en $70.000, lo que derivó en una marcada licuación de su valor real.
Según el análisis, mientras que los haberes se incrementaron entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 un 154%, la mínima con bono incluido solo aumentó 101%. Para mantener su poder de compra original, el bono debería haber alcanzado en diciembre de 2025 los $177.485. La diferencia de $107.485 representa el recorte mensual que enfrentan los jubilados de menores ingresos por la falta de actualización.
El informe puntualiza además que las jubilaciones con bono se ubicarán 16,8% por debajo de los niveles registrados en el último trimestre de la gestión anterior. El análisis histórico refuerza el diagnóstico: el inicio de la actual administración implicó un rápido retroceso de los haberes, con una caída del 26,3% para las jubilaciones sin bono y del 21,3% para aquellas que lo perciben.
Estos valores ubican el poder adquisitivo actual un 3% por debajo del promedio registrado durante la década de 1990, según el relevamiento del centro de estudios.
En paralelo, el Poder Ejecutivo utilizó su facultad de veto para frenar iniciativas legislativas que buscaban recomponer los ingresos del sector. El informe recuerda que en agosto de 2025 se vetó una ley que contemplaba un aumento excepcional del 7,2% y la actualización del bono a $110.000. De haberse aplicado, la mínima con bono habría alcanzado los $446.935, recuperando el poder adquisitivo perdido tras la asunción de Milei.
Finalmente, el CEPA advierte que la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 profundiza el deterioro para los adultos mayores. Sin este mecanismo de inclusión, “9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad jubilatoria no pueden jubilarse” por no reunir los 30 años de aportes.
En su lugar, deben acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima y exige una edad mayor para las mujeres, consolidando un escenario de menores ingresos estructurales para amplios sectores del sistema previsional.
