La Justicia intimó al Gobierno a frenar una resolución que desmantela un área clave del INTI
El Gobierno Nacional fue intimado judicialmente a dejar sin efecto la Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), una normativa que desarticula y elimina funciones esenciales del Programa de Metrología Legal, el área encargada de regular y controlar instrumentos sujetos a reglamentos nacionales, como surtidores de combustible, balanzas comerciales y equipamiento médico.
La intimación fue impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que presentó una acción judicial contra la gestión de Javier Milei, en el marco de su política orientada a la desestatización y eventual privatización de organismos públicos. Desde el gremio advirtieron que la resolución representa un avance sobre áreas estratégicas de control estatal.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la medida pone en riesgo cientos de puestos de trabajo y, al mismo tiempo, afecta la seguridad de la población. Según señaló, el recorte alcanza a una de las dependencias más sensibles del INTI, al concentrarse en funciones de fiscalización, certificación y control técnico.
Desde el sindicato remarcaron que el Programa de Metrología Legal cumple un rol central en la vida cotidiana de millones de personas, ya que verifica el correcto funcionamiento y la precisión de instrumentos de uso masivo, entre ellos alcoholímetros, cinemómetros utilizados en fotomultas, balanzas comerciales y surtidores de combustibles.
ATE advirtió además que, a partir de la aplicación de la resolución, el área cesa sus actividades de aprobación de modelos y certificación de mediciones, lo que podría generar consecuencias graves y concretas en el funcionamiento diario de empresas, comercios y servicios esenciales, además de impactar de manera directa en los derechos de los consumidores.
En ese sentido, desde el gremio alertaron que la falta de controles oficiales podría derivar en distorsiones en las mediciones, con efectos económicos y sociales de gran alcance. “Millones de ciudadanos pueden verse afectados”, señalaron, al tiempo que cuestionaron la decisión de avanzar sobre un sistema que garantiza la transparencia y confiabilidad de las mediciones en el país.