A UN AÑO DE SU SANCIÓN
A un año de la sanción de la Ley de Transparencia Fiscal al Consumidor (27.743), Mendoza continúa sin adherirse plenamente a la norma que exige detallar los impuestos provinciales y municipales en las facturas de bienes y servicios. La ley fue aprobada junto con el paquete de medidas de la Ley Bases en julio de 2024, y aunque la provincia expresó su intención de incorporarse, aún no ha concretado su implementación.
Qué exige la ley y cómo se aplica
Desde el 1 de enero de 2025, las grandes empresas están obligadas a discriminar el IVA y otros impuestos nacionales en sus tickets y facturas. Para el resto de los contribuyentes inscriptos, la obligación rige desde el 1 de abril, aunque hasta el 31 de marzo podían hacerlo de forma opcional.
Sin embargo, para que se puedan visualizar tributos provinciales como Ingresos Brutos y tasas municipales, se requiere la adhesión formal de cada provincia. Hasta el momento, sólo Chubut cumple plenamente con esta exigencia.
Mendoza y otras provincias, aún sin definir
Mendoza, Córdoba, Entre Ríos y CABA manifestaron en su momento la voluntad de adherir, pero ninguna ha finalizado el proceso legislativo necesario para aplicar la ley en su totalidad. En el caso mendocino, el Gobierno impulsa un proyecto de adhesión que aún debe ser tratado por la Legislatura provincial.
En paralelo, Entre Ríos logró media sanción, CABA trabaja en incluir la norma en el Código Fiscal 2026, mientras que Córdoba todavía no presentó un texto formal.
Retrocesos y falta de acción
Del grupo original de provincias que se mostraron a favor de aplicar la ley, Catamarca y Misiones abandonaron el compromiso inicial, dejando el total de jurisdicciones en proceso de adhesión en solo cuatro.
Un relevamiento de la consultora Poliarquía reveló que el 94% de los consumidores desea conocer detalladamente los impuestos que paga en cada operación. Sin embargo, solo cinco provincias han avanzado en algún grado concreto de implementación.
Presión desde el sector civil
La iniciativa fue impulsada por la ONG Lógica, con el objetivo de generar conciencia sobre la presión fiscal que enfrentan los ciudadanos, promoviendo mayor transparencia en los comprobantes. Desde la organización advierten que la falta de acción contradice principios constitucionales, como el derecho a la información adecuada y veraz.
A pesar de numerosos pedidos formales a gobernadores y funcionarios, la mayoría de las provincias no ha dado respuestas públicas ni pasos concretos hacia la aplicación de la ley.
