SERVICIO PENITENCIARIO
El sistema penitenciario de Mendoza registró un nuevo aumento de la población carcelaria durante 2025 y profundizó su situación de hacinamiento. De acuerdo con el informe anual del Servicio Penitenciario Provincial, hasta el 1 de diciembre había 7.212 personas privadas de libertad, un 12,23% más que en 2024, cuando se contabilizaban 6.424 internos. A esa cifra se suman otras 512 personas que cumplían prisión domiciliaria.
El informe indica que el sistema dispone de 5.403 camas, por lo que la densidad carcelaria alcanzó 133,48 personas cada 100 plazas, un valor que supera ampliamente el umbral de 120 establecido por organismos internacionales para considerar una situación de sobrepoblación “súper crítica”. Los complejos de San Felipe, Almafuerte y Boulogne Sur Mer concentran el 78% de los internos y son los establecimientos con mayor exceso de población.
Pese a ese escenario, desde el Gobierno, aseguraron que la gestión penitenciaria mostró mejoras durante el último año. Entre los principales indicadores destacó la reducción de las muertes violentas: en 2025 se registraron dos suicidios y ninguna muerte por riñas, mientras que en 2024 se habían contabilizado siete suicidios.
Durante 2025, 1.944 internos participaron del Programa de Prelibertad, mientras que 2.562 personas cursaron estudios en distintos niveles educativos, incluidos programas universitarios. A esto se sumó un incremento de la actividad laboral intramuros, que, según datos oficiales, creció un 425% respecto del año anterior.
Mientras tanto, la Provincia continúa a la espera de ampliar la infraestructura penitenciaria. La ampliación de la cárcel El Cerrito, en San Rafael, avanzó en su proceso licitatorio, aunque su ejecución quedó demorada por cuestiones administrativas. En paralelo, el proyecto para construir un nuevo complejo en Cacheuta, destinado a personas condenadas por delitos menores, sigue en etapa de revisión y todavía no tiene fecha para el llamado a licitación. Ambas obras fueron anunciadas por el gobernador Alfredo Cornejo y sumarían alrededor de 800 nuevas plazas al sistema penitenciario.
