SIN CUMPLIMIENTO DE LA LEY
La Universidad de Buenos Aires (UBA) alertó sobre la posible paralización de sus hospitales universitarios debido a la falta de financiamiento por parte del Gobierno nacional. Las autoridades reclamaron el cumplimiento de la ley vigente y advirtieron que la continuidad de la atención médica está seriamente comprometida.
Según denunciaron, en lo que va de 2026 no se giraron fondos para el funcionamiento operativo de los centros de salud, lo que genera un escenario crítico. Frente a esta situación, los directores de la red hospitalaria convocaron a una conferencia de prensa para visibilizar el conflicto.
Seis hospitales en riesgo y una deuda millonaria
La falta de recursos afecta a seis instituciones clave del sistema de salud universitario, que en conjunto atienden a más de 700 mil personas por año:
- Hospital de Clínicas
- Instituto Roffo
- Instituto Lanari
- Instituto Vaccarezza
- Hospital Odontológico
- Hospital de Veterinaria
De acuerdo con la UBA, el Estado nacional adeuda alrededor de $20.000 millones correspondientes a los primeros meses del Presupuesto 2026, lo que pone en jaque la operatividad de estos centros.
Tensión con el Gobierno y reclamos por clases
En paralelo al conflicto presupuestario, el Ministerio de Capital Humano intimó a las universidades a garantizar el dictado de clases frente a los paros docentes. Desde la cartera oficial pidieron a los rectores que presenten planes de contingencia que incluyan modalidades alternativas, como clases virtuales o reprogramaciones, para evitar la pérdida de regularidad de los სტუდiantes.
Marcha universitaria y reclamo por la ley
El conflicto se da en la antesala de una nueva marcha federal universitaria convocada para el 12 de mayo, impulsada por autoridades académicas y gremios. La movilización exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, que ya cuenta con aval legislativo y respaldo judicial.
Críticas de la UBA al Gobierno
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cuestionó con dureza la política oficial. Señaló que la falta de financiamiento pone en riesgo derechos fundamentales como la educación y la salud, y acusó al Gobierno de incumplir una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso.
“La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere financiamiento estatal, tal como lo establece la normativa vigente”, sostuvo, al tiempo que advirtió que la situación actual podría derivar en la interrupción de servicios esenciales si no se regularizan los fondos.
