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Diagnóstico

La UNCuyo realizará una auditoría de U$S 280.000 sobre el empleo público en la provincia

El Gobierno de Alfredo Cornejo firmó un convenio con la UNCuyo para auditar el empleo público en Mendoza, con el objetivo de optimizar la estructura y funciones del Estado provincial.

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El Gobierno de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) han formalizado un convenio por un valor de 280.000 dólares, con el objetivo de realizar un diagnóstico integral sobre el empleo público en la provincia. Este acuerdo, que tiene una duración de un año, fue suscrito por el gobernador Alfredo Cornejo y la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, y fue publicado en el Boletín Oficial mediante el Decreto 2761.

El convenio contempla una serie de acciones que se desarrollarán durante este año y tienen como propósito evaluar las funciones, estructuras, salarios y normativa vigente del empleo público provincial. La Universidad, a través de su personal y de expertos en el tema, se encargará de realizar el relevamiento, con el fin de optimizar la administración de los recursos humanos del Estado.

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En cuanto al monto, el pago se realizará en cuatro etapas. El primer desembolso, que corresponde al 25% del total (70.000 dólares), ya ha sido autorizado como anticipo. Además, los pagos estarán sujetos al tipo de cambio vigente al momento de cada transferencia, con una cotización previamente establecida en noviembre de 2024.

Objetivos del convenio

El principal objetivo del convenio es analizar la estructura del empleo público y proponer mejoras en la administración. En este sentido, se revisarán los organigramas de los ministerios, secretarías y organismos del Estado, con el fin de identificar posibles superposiciones o ineficiencias. También se examinarán los convenios colectivos, los sistemas de compensación y las políticas salariales, con el objetivo de crear un esquema de incentivos y premiar a los empleados más productivos sin afectar los salarios actuales.

El análisis incluirá también un estudio sobre los procesos de capacitación y formación profesional de los empleados públicos, así como la evaluación de los sistemas de control y las normativas que rigen el funcionamiento de los cargos estatales.

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