AL BANQUILLO
La Justicia de Mendoza elevó a juicio este viernes la causa en la cual seis mendocinos están acusados de lavar dinero proveniente del narcotráfico, una de las cuales fue condenada en 2022 a 13 años de prisión por acopiar un cargamento de casi media tonelada de marihuana, según informaron fuentes judiciales.
El requerimiento de elevación a juicio fue presentado por el fiscal federal Fernando Alcaraz, a cargo interinamente de la Fiscalía Federal 2, ante el Juzgado 1 del mismo fuero, que resolvió llevar a juicio a los miembros de un grupo familiar y sus allegados, todos oriundos de Las Heras.
De acuerdo con lo informado por el sitio institucional www.fiscales.gob.ar, uno de ellos es Matías Díaz Verón, fue condenado en 2022 a trece años de cárcel por el acopio de un cargamento de más de 450 kilos de marihuana.
Según consta en la causa elevada a juicio, Díaz Verón y Leila Carolina Ovando Cruz pusieron en circulación en el mercado automotor e inmobiliario de Mendoza dinero proveniente de la comercialización de drogas para concretar la compra de siete automóviles y cinco propiedades, que luego alquilaban.
Todo comenzó en 2020
Tras el secuestro de casi media tonelada de marihuana en abril de 2020, se inició una investigación en donde el Ministerio Público Fiscal (MPF) logró identificar una diversidad de bienes en el patrimonio de ambos, y que figuraban a nombre de familiares directos o allegados.
Poco más de un año después se determinó como la organización criminal consolidaba las ganancias provenientes del narcotráfico, a partir de tareas de campo realizadas por la Policía de Mendoza; copia de los legajos de los autos; matrículas y escrituras públicas de los inmuebles; y las comunicaciones entre los acusados.
A raíz de ello, en mayo de 2021 imputó a los seis sospechosos por la puesta en circulación de dinero proveniente de un delito para adquirir cinco inmuebles.
Luego de investigar también la compra de seis vehículos, algunos de ellos de alta gama, se solicitó la detención del principal acusado, a quien en octubre de ese año se le encontró un teléfono celular desde su lugar de detención, en el que posteriormente se hallaron conversaciones que daban cuenta de que seguía vinculado al comercio de cocaína.
Finalmente, según el MPF el dinero necesario para la compra de cada bien estuvo lejos de poder ser justificado por los acusados, ya que carecían de ingresos económicos registrados y no se les conoció el desarrollo de actividades lícitas informales.
