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Pedido a la Justicia

Luis Lobos solicitó que no le quiten el celular: "Lo usa para estudiar y comunicarse con su hijo"

El exintendente de Guaymallén, quien está condenado por fraude y corrupción junto a su exesposa, pidió a la Justicia continuar con el beneficio de tener un celular en la cárcel. Actualmente, cumple su sentencia en el complejo San Felipe.

luis lobos

Tras la decisión de quitar los celulares a los presos que se encuentran en las cárceles de Mendoza, el exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, solicitó a la Justicia ser la excepción y explicó los motivos. El beneficio se mantenía desde el 2020, cuando se implementó la cuarenta por la pandemia de coronavirus.

A principios de enero, se estableció que la quita de los teléfonos registrados a nombres de reos fuera en forma gradual y con un anterior cumplimiento de ciertas condiciones, para no violar derechos y garantías. Ante esto, Lobos expresó en un escrito que usa su celular para estudiar y cursar el segundo año de la Licenciatura en Sociología. Y que también es un medio para comunicarse con uno de sus hijos que  se encuentra en Canadá.

Cabe destacar que el exfuncionario está detenido en el pabellón 6 del complejo San Felipe cumpliendo condenas firmes por delitos de corrupción

En tanto, un juez deberá resolver la situación y, como primera medida, se pidió al Servicio Penitenciario que confirme si efectivamente Luis Lobos tiene un celular registrado a su nombre y si ha sido secuestrado por las autoridades.

Fraude y corrupción en Guaymallén

Luis Lobos y su ex esposa Claudia Sgró fueron juzgados a mediados de 2019 por el delito de fraude a la administración pública.

luis lobos claudia sgro
Luis Lobos y su exesposa, Claudia Sgró, en el banquillo de los acusados.

La fiscalía de Delitos Económicos comprobó que la pareja contrató a algunas personas que cobraban un sueldo, sin ejercer sus funciones. Además, un porcentaje del salario terminaba en manos del entonces intendente.

Lobos recibió una sentencia de 4 años y medio de prisión que terminó en la detención de los sospechosos. En tanto, en diciembre de 2022, fue condenado a 6 años de prisión efectiva por delitos de corrupción en el ejercicio de la función pública. Ambas penas se unificaron en un total de 8 años de cárcel.

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