TRAS EL DECRETO NACIONAL
El decreto nacional que desregula los aranceles de los colegios privados no tendrá impacto en Mendoza. Aunque el presidente Javier Milei derogó el decreto 2417/93 —una norma que regulaba desde hace más de tres décadas el funcionamiento financiero de las instituciones educativas privadas—, la provincia cuenta con su propia legislación que seguirá vigente.
Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmaron que la medida nacional no modificará el sistema provincial, ya que Mendoza tiene un decreto propio que establece el método para actualizar las cuotas de los colegios con aporte estatal.
Además, continúa en vigor la resolución 433/2025, que determina el índice bimestral de actualización de aranceles de los establecimientos privados. Este índice combina tres variables: el salario testigo docente, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) publicado por el INDEC.
De este modo, la decisión nacional solo afectará a las instituciones sin subsidios o a las jurisdicciones que no cuentan con una normativa propia, lo que no es el caso de Mendoza.
Qué establece el decreto nacional
Hasta ahora, los colegios privados debían informar previamente al Estado los valores de matrícula y cuotas y solicitar autorización para modificarlos. Con la derogación del decreto 2417/93, esa obligación desaparece y las instituciones podrán fijar sus aranceles libremente, sin aprobación previa.
El Gobierno nacional argumenta que el esquema anterior restringía “el derecho de propiedad” de los colegios y limitaba la libre contratación entre las instituciones y las familias. Según el texto oficial, el control estatal sobre los valores “puede llevar a una precarización de la calidad educativa”, al impedir que las escuelas ajusten sus ingresos ante incrementos de costos o de salarios docentes.
Cómo se regula en Mendoza
Mendoza mantiene su propio sistema de control de aranceles porque es la provincia —y no la Nación— la que subsidia a los colegios. Por eso, todas las escuelas se consideran públicas: algunas son de gestión estatal y otras, de gestión privada.
En febrero, la DGE publicó en el Boletín Oficial un nuevo método de cálculo del Índice Provincial de Aranceles de la Educación Privada (IPADEP), que combina tres indicadores:
la evolución del salario docente testigo con 10 años de antigüedad,
el IPC de Mendoza,
y el CVS del INDEC.
Las escalas se actualizan con la misma periodicidad que los acuerdos paritarios docentes. Además, las instituciones privadas con aporte estatal pueden aumentar hasta un 20% adicional durante 2025, a criterio de cada colegio.
Para garantizar transparencia, la DGE publica en el Portal Educativo (www.mendoza.edu.ar) la escala de equidad, donde las familias pueden consultar los valores autorizados por la Dirección de Educación Privada.
Así, más allá de la desregulación nacional, en Mendoza las cuotas de los colegios privados seguirán sujetas a control provincial.
