BOLETÍN OFICIAL
La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza ha dispuesto un cambio en la fórmula para la actualización de aranceles en colegios privados con aporte estatal, permitiendo a cada institución aplicar un incremento adicional de hasta el 20%. La medida fue oficializada mediante la Resolución 433, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
Cambios en la metodología de cálculo
Hasta ahora, la actualización de cuotas se basaba en tres indicadores: los salarios testigo docentes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Mendoza y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del INDEC. Sin embargo, el gobierno provincial decidió eliminar el CVS, argumentando que no reflejaba con precisión la situación económica actual debido a su retraso de dos meses y su alta ponderación en el cálculo final.
Con la nueva metodología, la actualización de aranceles se calculará en base a dos variables:
Salario de un cargo testigo docente con 10 años de antigüedad (70% de la ponderación).
IPC de Mendoza (30% de la ponderación).
Además, la periodicidad de actualización de las cuotas estará alineada con los acuerdos paritarios docentes, en lugar del esquema bimestral anterior. Esto implica que si el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) acepta la oferta salarial vigente (7% en marzo, 2,5% en abril, 2% en mayo y 1,5% en junio), los aranceles se incrementarán de manera proporcional en los próximos meses.
Incremento adicional y posibles repercusiones
Uno de los aspectos más controvertidos de la resolución es la posibilidad de que cada colegio privado, además del ajuste determinado por el nuevo Índice Provincial de Aranceles de la Educación Privada (IPADEP), aplique un aumento adicional de hasta el 20%, a su criterio. La única condición impuesta por la DGE es que las instituciones informen previamente cada incremento a la Dirección de Educación Privada.
Según el gobierno, esta decisión fue consensuada con la Asociación de Colegios Privados y el Consejo de Educación Católica para garantizar una solución "equitativa para todas las partes".
La medida podría generar debate entre las familias y las comunidades educativas, ante el impacto que estos incrementos podrían tener en el acceso a la educación privada en la provincia.
