CONTRA EL RECORTE
El inicio del ciclo lectivo en las universidades nacionales se vio interrumpido por un paro convocado por los gremios docentes y no docentes, que exigen un aumento salarial del 50% y denuncian el recorte de recursos para el funcionamiento de las casas de estudio. La federación Conadu anunció una semana completa de huelga y anticipó que las protestas podrían continuar con nuevas medidas durante todo el cuatrimestre.
El conflicto surge en un contexto de déficit presupuestario: los rectores sostienen que el sistema universitario necesita 7,2 billones de pesos para sostener su actividad, mientras que el presupuesto oficial contempla cerca de 4,8 billones.
Además, los sindicatos cuestionan la situación de los salarios. La ley vigente sobre financiamiento universitario establece una recomposición que superaría el 50%, pero desde el Ejecutivo se plantea una modificación que dejaría el incremento en torno al 12%.
El conflicto se arrastra desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Tras asumir, el Gobierno otorgó aumentos por debajo de la inflación y mantuvo una tensión constante con el sistema universitario, que respondió con movilizaciones masivas en defensa de la educación pública.
El Congreso aprobó en dos oportunidades leyes para reforzar el financiamiento del sector, pero el presidente vetó ambas iniciativas. El segundo veto fue rechazado por el Parlamento, dejando vigente la norma, aunque las universidades denuncian que el Ejecutivo aún no cumple con lo estipulado.
Ante esta situación, varias casas de estudio recurrieron a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar que ordena al Gobierno avanzar con los pagos adeudados. La Casa Rosada apeló la resolución y, al mismo tiempo, impulsa cambios legislativos para reducir el impacto fiscal de la ley actual.
Los gremios advierten que el conflicto podría derivar en una huelga prolongada y ya se discute la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria prevista para el 23 de abril.
