Justicia Federal
En las últimas horas, la Justicia Federal de la provincia emitió una orden de captura a nivel internacional contra Lucio Sosa y Samuel Valladares, dos expolicías que forman parte de los 21 imputados por la desaparición de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, el 28 de abril de 1990, en el parque San Martín.
Tras casi 34 años, la investigación se reanudó la semana pasada cuando se pidió la detención del exjuez Enrique Knoll, el exfiscal provincial Adelmo Argüello y otros 19 expolicías de Mendoza.
De esta forma, Sosa y Valladares, con domicilios en España y Chile, tienen pedido de captura internacional para cuando “ingresen a territorio argentino”.
Por otro lado, de acuerdo a la reconstrucción del caso en base a testimonios, Garrido y Baigorria fueron detenidos en el Parque San Martín, luego torturados en calabozos del Palacio Policial y muertos a manos de la Policía. Esto, sumado a un informe presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a mediados de los ´90, provocó la condena al Estado Argentino a indemnizar a las víctimas y familiares con 100.000 dólares. Además de impulsar una investigación para dar con los responsables.
La conclusión de la CIDH se asentó en los desempeños de la Justicia de Mendoza y de la Policía de Mendoza.
Los exmagistrados detenidos
El pasado miércoles, se detuvo al exjuez Enrique Knoll y al exfiscal provincial Adelmo Argüello. La Justicia les concedió el beneficio de la prisión domiciliaria preventiva a ambos por razones de salud. Lo mismo sucedió para Jacinto Olmedo, exjefe policial imputado y juzgado en un proceso de lesa humanidad, y los exuniformados Rubén Funes, Rolando Olarte y José Vega.
Knoll y Argüello tuvieron a cargo la responsabilidad de investigar en la década del '90 qué sucedió con Garrido y Baigorria desde la tarde del 28 de abril de 1990 cuando fueron detenidos en el Parque San Martín, frente a la Escuela Eva Perón. Desde ese día, nunca más fueron vistos y tampoco se hallaron sus restos óseos.
Knoll fue destituido por el Jury de Enjuiciamiento en el año 2000 por su desempeño en el caso. Más tarde, Argüello fue fiscal de Cámara y se jubiló en 2009.
“Desaparición forzosa”
El caso de Garrido y Baigorria se lo recaratuló como “desaparición forzosa de personas”, en 2017, por haber ocurrido a manos de fuerzas de seguridad. De esta forma, constituye un delito imprescriptible.
A través de los años, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció recompensas en dinero por información que sirviera para esclarecer el caso. Nunca hubo imputados ni detenidos, hasta este miércoles 21 de febrero.
