SUSPENSIÓN DEL FALLO
La Suprema Corte de Justicia decidió este jueves suspender la ejecución del fallo N°18.025, dándole una buena noticia al exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y sobre todo a su esposa Janina Ortiz. Es decir, que no se ejecutará el pago de multas y cargos formulados por el Tribunal de Cuentas hasta que no se resuelvan las Acciones Procesales Administrativas presentadas por los involucrados.
La medida se tomó este jueves y se centra en las deficiencias detectadas en la Contratación Servicio de Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra. La investigación del Tribunal de Cuentas determinó que hubo sobreprecio, irregularidades en la contratación, deficiencias en el control interno de las supuestas horas trabajadas por los empleados y no se pudo certificar el cumplimiento de la prestación del servicio.
Multas millonarias y suspensión del fallo
Por esto, se estableció una multa de 700 mil pesos a Orozco y sanciones para Ortiz, a quien le impusieron una multa de 1.6 millones de pesos y cargos para que devuelva más de 60 millones de pesos a la comuna.
La pareja solicitó la suspensión de la ejecución del Fallo 18.025 "cuya declaración de nulidad ha solicitado, en forma simultánea en la acción procesal administrativa". Ambos pidieron que el Tribunal de Cuentas se abstenga de realizar cualquier actuación que implique la ejecución de lo ordenado "hasta tanto recaiga sentencia firme en el proceso principal".
"Atento a las circunstancias arriba detalladas en que no existe oposición de la demandada y por tratarse de la imposición de cargos patrimoniales y una multa que la actora cuestiona en la acción principal, corresponde hacer lugar a la medida solicitada", determina la Corte.
Sin embargo, para hacer efectiva la medida, aclara que Ortiz deberá constituir una caución real o alguna otra garantía por 7.5 millones de pesos. En el caso de Orozco, la caución es de solo 140 mil pesos.
De esta forma, la suspensión de la ejecución del fallo establece es que no se harán efectivos esos pagos hasta que la Corte no resuelva los planteos administrativos que los afectados hicieron.
